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Pronunciamiento de la Junta de Facultad de Ciencias en defensa de la honestidad de la Universidad Pública

17/04/2018

La Junta de Facultad de Ciencias, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2018, ha aprobado el siguiente pronunciamiento, consensuado con los centros de la UAM, en relación a las irregularidades detectadas en la URJC que afectan a la obtención de un título de máster por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y a las declaraciones sobre el proceder de las universidades públicas efectuadas por algunos responsables políticos:

Ante las noticias circuladas por la prensa y las redes sociales respecto a las actuaciones presuntamente fraudulentas de la URJC y de la Presidenta de la Comunidad, las Juntas de centro acuerdan manifestar su consternación y su rechazo ante unas prácticas que, de haberse producido, son esencialmente contrarias a la autonomía universitaria, al funcionamiento reglado de las enseñanzas oficiales y a los valores éticos de honestidad, rigor y transparencia a los que nos debemos como institución pública.

La alarma y la preocupación que estas presuntas irregularidades han provocado en toda la comunidad académica se han visto acrecentadas por las declaraciones de aquellos que, desde las instancias políticas o la propia universidad, pretenden justificar estas actuaciones ilícitas dándolas por “normales”, poniendo bajo sospecha las prácticas de la universidad en su conjunto para así eludir toda responsabilidad a la que pudieran dar lugar. Resulta inaceptable que quienes deberían velar por el respeto escrupuloso de la legalidad en la gestión de las enseñanzas universitarias y preservar el prestigio institucional de la Universidad pública, arrastren a una crisis de legitimidad a los estudios de posgrado y con ellos al propio sistema universitario con el único fin de justificar lo que en ningún caso tiene cabida en él.

Estas declaraciones no solo evidencian un desconocimiento de los procedimientos que regulan el funcionamiento de las enseñanzas universitarias y de los sistemas internos y externos de supervisión de la calidad de los títulos (ANECA, Fundación Madri+d, Consejo Social) de acuerdo con el ordenamiento legislativo. También desacreditan gravemente la labor de todo el profesorado universitario que, con competencia, responsabilidad y rigor, garantiza la solvencia académica de las titulaciones, del personal de administración y servicios que lleva a cabo la gestión de los procesos de conformidad con la legalidad vigente, y de los estudiantes que invierten tiempo, esfuerzo y recursos, en ocasiones compatibilizando los estudios con una actividad laboral, para obtener de manera legítima un título universitario. Desacreditan, también, a todas las organizaciones, públicas y privadas que tienen a bien colaborar con la formación universitaria acogiendo estudiantes en prácticas curriculares.

Es muy lamentable que la actuación de las autoridades públicas haya situado a la Universidad en el foco de la atención política y mediática no para abordar el tan necesario debate sobre la función que la universidad y la ciencia han de desempeñar en nuestro país, sino para lastrar su credibilidad y poner en entredicho el valor de los conocimientos que transmitimos a la sociedad. Quienes así actúan parecen olvidar que la Universidad es una pieza imprescindible de las actuales sociedades del conocimiento que garantiza su progreso social y económico, especialmente valiosa para la Comunidad de Madrid, donde se concentra aproximadamente el 20% de los estudiantes universitarios de nuestro país.

Por todo ello, haciéndose eco de la sensación de alarma y desamparo que ha cundido en la comunidad universitaria, las Juntas de centro acuerdan solicitar al Consejo de Gobierno que se pronuncie al respecto de los hechos referidos, y que ese pronunciamiento se comunique a la CRUMA y a la CRUE y a la sociedad en general, para evitar que el silencio pueda aparecer como una forma de anuencia implícita con unas prácticas contrarias a los procedimientos que garantizan la seguridad jurídica del conjunto de la comunidad universitaria y al código ético que debe regir nuestra actividad académica a todos los niveles.

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