La situación política y económica de Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro ha suscitado una serie de respuestas diplomáticas por parte de Estados de todo el planeta y, particularmente, de parte de los gobiernos del continente americano. En un contexto en que la seguridad humana de la población se ve amenazada por la incertidumbre y las carencias materiales, la migración venezolana hacia países como Colombia, Perú, Ecuador y Chile ha aumentado a una escala inusitada para la región, propiciando una mayor internacionalización de la crisis a la vez que los gobiernos comienzan a tratar la crisis como un tema interméstico. Las respuestas institucionales de los países de la región se han canalizado, en un primer momento, a través de la Organización de Estados Americanos y posteriormente a través del denominado Grupo de Lima, existiendo también sanciones unilaterales. Con el giro político de los gobiernos de la región y la persistencia de los problemas internos de Venezuela -y sus consecuencias externas-, las declaraciones de condena al gobierno venezolano han sido progresivamente más categóricas, sin embargo, las propuestas son divergentes, desde acoger el diálogo entre gobierno y oposición y poner el énfasis en la seguridad humana de la población afectada, hasta hacer llamados directos a la intervención militar en el país caribeño.
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