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La organización de la producción de drogas en México

Carlos Resa Nestares

 

 

En México existen dos tipos de cultivos que han sido declarados ilegales y que se producen de manera masiva, como se ha visto en el capítulo anterior: la adormidera, origen tanto del opio como de su derivado más refinado, la heroína, y la marihuana. Otros productos igualmente agrícolas e ilegales, como diversas variedades de hongos alucinógenos, también son cultivados y comercializados en México y en otros países como exportación, pero su mercado es tan reducido - por la escasa demanda y por lo voluble y territorialmente disperso de la misma -, exige escasas cotas de especialización, la información es tan limitada y la ilegalidad incorpora costes notables que hace difícil la constitución de grandes empresas dedicadas a este cultivo. Aunque algunos campesinos obtienen una renta complementaria de los hongos alucinógenos, en ningún caso existe algo parecido a redes de distribución y comercialización a gran escala. En cierta medida, los hongos alucinógenos tienden a repetir el tipo de producción y distribución desestructurada que caracterizaba a la marihuana a principios de siglo, entonces socialmente condenada aunque no legalmente declarada como ilícita. Un caso excepcional es el hongo alucinógeno denominado peyote, que si bien ha sido producido históricamente en México, la legalidad para el consumo en ceremonias rituales por parte de la Iglesia Nativo-America de los Estados Unidos ha creado una producción interna en los Estados Unidos y una demanda voluble de este producción en momentos de escasez en ese país.

Tanto la marihuana como la adormidera presentan características muy específicas que hacen que sus costes de producción sean muy bajos. Ambas plantas arraigan en prácticamente cualquier tipo de suelo y apenas necesitan irrigación, mucho menos fertilizantes, para sobrevivir. Son enormemente resistentes a las inclemencias del tiempo y a las plagas. Como resultado de su buen adaptabilidad, las dos plantas declaradas como ilegales han crecido salvajes por todo México antes y después de su prohibición. "Cuando visité Quintana Roo [en la costa caribeña, al norte de Belice] a finales de los años cincuenta, la marihuana crecía salvaje por todas partes. En una ocasión me detuve en un asentamiento maya junto a la costa y una de la exquisiteces que me ofrecieron fue marihuana. Pero no para colocarme sino como remedio indio contra la fatiga" (Kamstra 1974:205).

La excelencia de la tierra no sólo es prácticamente neutra para el cultivo de la marihuana y la adormidera sino que influye en muy escasa medida en la calidad del producto cosechado. El elemento que determina casi en exclusiva esa calidad son la genética y sólo las semillas más cualificadas reproducen plantas con una mayor pureza, más viables en el mercado. En el caso de la adormidera, su transformación en heroína requiere de un proceso químico cuya tecnología es ampliamente conocida, que requiere muy poca infraestructura física, pero sí es intensiva en mano de obra, aunque apenas unos días al cabo del año.

En este contexto, la inversión en capital necesaria para el cultivo de drogas es muy baja: prácticamente cualquier suelo - incluso los más áridos, los públicos o los de propiedad difusa - es apto para la siembra y en México existen grandes cantidades de terreno - muchas de ellas infrautilizadas - para uso agrícola. El coste de las semillas es muy bajo e incluso su adquisición puede ser gratuita si se seleccionan entre las plantas que crecen salvajes. En el caso de la heroína, la tecnología para producirla como derivado de la adormidera está disponible libremente y se conoce de manera casi universal. La calidad de la amapola determina más la cantidad que la calidad del producto final. Las necesidades de mano de obra tampoco son mayúsculas. Salvo en el momento de la recolección, la cantidad de mano de obra necesaria para la producción de marihuana y amapola es baja porque el cuidado que necesitan ambas plantas es mínimo. En el caso de la amapola se requiere algún tipo de capacitación para conseguir la pasta que se convertirá en heroína, pero la marihuana ni tan siquiera requiere una inversión en capital humano para llevar a buen puerto una cosecha.

Frente a estos bajos costes de entrada, los incentivos para la producción de drogas son importantes. Los consumidores de drogas naturales están dispuestos a pagar un alto precio para satisfacer su demanda. Cualquier uso alternativo de la tierra y de los recursos necesarios - principalmente mano de obra - para el cultivo genera menos beneficios que su utilización para la producción de drogas ilegales. Como contaba un agricultor de marihuana de mediano tamaño a principios de los setenta, que combinaba este producto con otros cultivos legales, "el maguey [un cactus utilizado, entre otras cosas, para la fabricación de pulque, un aguardiente mexicano] es un buen cultivo. Por cada peso que invierto, el año siguiente consigo siete pesos... Por accidente me encontré con la mota [marihuana]. Por cada peso que invierto, al año siguiente tengo quinientos pesos" (Kamstra 1974:136). La situación se mantenía a mediados de los noventa: "Comparando el precio que se paga al campesino, la marihuana es dieciséis veces mejor negocio que la vainilla (el producto más caro) o cincuenta veces mejor que la almendra (el segundo mejor pagado). En relación al maíz, la yerba se paga cerca de trescientas veces mejor" (Reforma, 11 de septiembre de 1996).

Aunque conlleva una exageración acerca de la importancia de los pequeños productores en el conjunto de la producción, la pobreza ha sido reseñada reiteradamente como una causa fundamental que induce a los campesinos al cultivo de la droga. Las fuentes oficiales coinciden en la caracterización de los cultivadores. En 1977 el entones procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, "la mayoría de los pobres hombres que cultivan la mariguana y la amapola [lo hacen] por miseria" (Proceso, 27 de enero de 1979). Según un estudio de cerca de trescientos sentenciados por cultivo de drogas entre 1992 y 1995 realizado por la Procuraduría General de la República, "en poco más de tres quintas partes de los casos revisados, los sentenciados delinquieron por necesidad económica; una quinta parte lo hizo por toxicomanía y el resto por distintas causas, que van desde la ignorancia de la ley, pasando por el engaño de que son víctimas, hasta el afán de lucro. [... Éstos tenían en promedio] un ingreso inferior a los 20 pesos diarios, inestable e insuficiente para cubrir sus necesidades primordiales" (La Jornada, 5 de abril de 2000). Más recientemente, Marín (2002) reseña cómo la reducción de las ayudas públicas a la producción agrícola, del monto los programas de aseguramiento de rentas agrícolas y de la financiación al desarrollo rural que se dieron a lo largo de los años ochenta y noventa y que afectaron de manera más directa a los pequeños y medianos propietarios de tierras hicieron más atractivo para los campesinos el cultivo de drogas. En palabras de uno de ellos, recogidas a mediados de los años noventa: "no existe apoyo gubernamental en financiamiento ni en ningún otro aspecto, pero la tierra es nuestra y no pensamos abandonarla [...] por lo que nos pusimos al servicio de los narcotraficantes". En conclusión, la oferta potencial de productores de drogas es ilimitada porque los costes de entrada son tan bajos que los pequeños agricultores o los campesinos pueden producirlas.

En este contexto de bajos costes potenciales de entrada, fuertes incentivos a la producción y grandes cantidades de recursos físicos y humanos infrautilizados - tierras sin cultivar y campesinos sin trabajo -, podría esperarse que el cultivo de drogas fuese un mercado muy competitivo con muchos participantes. Sin embargo, la realidad es que el número de productores tiende a ser relativamente bajo. En primer lugar, del total de posibles oferentes habrá de descontarse una notable cantidad de individuos que, aún contando con los recursos necesarios para internarse al mercado y para los que racionalmente sería una oportunidad de mejorar su situación, ni tan siquiera contemplan esa posibilidad por ser un mercado que cuenta con la desaprobación social. La prohibición ha ido acompañada de un discurso de denominación social de las drogas promovido desde las instancias públicas que ha calado en multitud de individuos, en especial entre las clases más desfavorecidas. En algunas comunidades campesinas, a la represión oficial se le suman comportamientos comunitarios que castigan la producción de drogas ilegales, elevando el coste de su cultivo (Wagner 2002).

En segundo lugar, la prohibición legal de las drogas, con la consiguiente represión por parte de las autoridades estatales, somete a los cultivadores al mismo tipo de cálculo racional que cualquier otro delincuente en los términos clásicos (Becker 1968; Ehrlich 1973). "Así, a los costes propios de esta - como de cualquier otra - actividad agrícola deberán añadírsele los costes asociados a la prohibición. Éstos comprenden las pérdidas originadas por la expropiación del cultivo en sí y de los bienes de capital asociados con el mismo, además de los costes de ser detenido y encarcelado, multiplicados por la probabilidad de que ambos sucesos ocurran. Pero, en todo caso, la probabilidad de que se produzca la negativa intromisión estatal no está igualmente distribuida entre todos los potenciales cultivadores. En un régimen notoriamente clientelista como el mexicano, las elites políticas y económicas - que a menudo suelen ir unidas - tienen mayores posibilidades de intercambiar impunidad por apoyo político que las clases más menesterosas. Pero, además, los cultivadores pueden seguir estrategias empresariales para reducir la probabilidad de expropiación, ya sea por la vía de comprar protección o afinar los métodos de producción para hacerlos más difícilmente detectables a la intromisión estatal. Todas estas estrategias de protección son costosas, lo cual hace difícil que no estén al alcance de todos los potenciales cultivadores, reduciendo aún más el abanico de cultivadores.

Pero, aparte de los constreñimientos morales de los campesinos, el elemento determinante de la constitución de la demanda la constituye la conformación de la oferta. Existe un último elemento crucial a la hora de determinar que potenciales productores pasan a incorporarse al mercado: el acceso a los demandantes. Pese a que el número de demandantes potenciales de estas drogas es alto porque la demanda es cuantitativamente grande - varios millones de usuarios en los Estados Unidos y centenares de miles en México -, el acceso de los productores a los consumidores es muy limitado. Para los cultivadores es difícil entrar en contacto con alguien que les compre su producción. Por lo tanto, la información se constituye en la principal barrera de entrada para los potenciales oferentes.

Frente a lo que ocurre con los oferentes, el acceso de las empresas o individuos a actuar como demandantes de drogas cultivadas - intermediarios - es muy costoso, aunque esta situación no ha sido un constante a lo largo de la historia. "A principios de los años sesenta, comprar marihuana en México y pasarla por la frontera era relativamente fácil... El protocolo [de venta] era sencillo: un vendedor mexicano de clase baja se aproximaba a la gente y les preguntaba si tenían interés en hacer una comprar. Una vez adquirida la marihuana, los mismos individuos la transportaban a los Estados Unidos" (Adler 1993:32-3). Con una demanda final en fuerte expansión, donde los mecanismos de distribución eran incipientes, los costes de entrada a la intermediación relativamente bajos - apenas un vehículo y la inversión en la compra de la mercancía - y las oportunidades de negocio notables - el precio entre los Estados Unidos era al menos diez veces superior al que se pagaba en México (Kamstra 1974:326) -, el mercado funcionaba de una manera bastante competitiva. El tamaño de las empresas que participaban en el mercado era mínimo. "El traficante la empaqueta [la droga] en pequeños fardos, de una libra [0,45 klos] o un kilogramo y la introduce ilegalmente en los Estados Unidos" (Barona 1964:2). Sin embargo, a finales de los años sesenta el panorama cambió radicalmente. En primer lugar, el mercado fue madurando y las economías de escala entraron en acción: el coste principal de las empresas de intermediación de marihuana era el transporte y acumular grandes cantidades de droga en un solo envío abarataba los costes. Por lo tanto, las empresas de mayor tamaño consiguieron reducir los precios a los que se podía vender la mercancía en los Estados Unidos, sacando así del mercado a los intermediarios de menor tamaño.

Pero de manera paralela, la represión del comercio de drogas ilegales actuó de manera crucial sobre la demanda de marihuana. Muchos de los pequeños intermediarios y transportistas fueron detenidos, lo cual disuadía a otros potenciales aventureros. A mediados de los años setenta ya había casi quinientos estadounidenses presos en cárceles mexicanas por delitos relacionados con la posesión y el comercio de drogas ilícitas, sobre todo marihuana (Proceso, 19 de mayo de 1977), y muchos más eran detenidos cuando trataban de cruzar la frontera. Con la intensificación de la represión, los costes de intermediar con marihuana en México - ya fuese por los riesgos de expropiación o por los costes de comprar protección, que suelen seguir sendas paralelas - aumentaron de una manera tal que no resultaba una opción viable para muchos potenciales intermediarios. Pero, además, la represión tuvo otro papel crucial a la hora de organizar este mercado. La información acerca del mercado se redujo de manera notable al objeto de evitar la expropiación estatal y por los incentivos de las grandes empresas para evitar la competencia. Ya no se vendía la marihuana a cielo abierto y encontrar un contacto entre cliente y productor era una tarea imposible. Al igual que ocurre en otros mercados ilegales, la debilidad con que circula la información conduce a mercados muy segmentados incluso dentro de la misma región que son dependientes del acceso de cada comprador y cada vendedor a las redes de distribución y comercialización (Reuter 1985).

El resultado de ambos factores es que los costes de entrada a la intermediación de marihuana se hicieron prohibitivos. Solo unos pocos tenían los fondos suficientes para invertir en los bienes de equipo para transportar la droga a gran escala y, sobre todo, para comprar protección entre las autoridades públicas. Y de entre éstos, muy pocos tenían los contactos suficientes a ambos lados de la frontera para hacer lucrativo el negocio. Esta criba entre los demandantes de drogas a los demandantes de marihuana cultiva que se produjo en los años setenta se asimilaba a lo que ocurrió con la amapola durante los años cuarenta. De hecho, buena parte de los participantes en esa primera experiencia de organización de la producción y comercio de drogas ilegales fueron activos elementos cuando la expansión del consumo de drogas en los Estados Unidos estimuló la producción en México.

La suma de bajos costes de entrada para la oferta y una demanda con pocos agentes se traduce en que el poder de negociación de estos últimos es tal que pueden construir su propia oferta tanto en lo relativo a la demanda como a los precios, es decir, pueden crear su propio mercado para cultivar drogas. La demanda vendrá determinada por la cantidad requerida por quien se la vaya a comprar para introducirla en el mercado estadounidense. Por otra parte, con tantos recursos libres disponibles para la producción, los escasos demandantes es difícil que entren en conflicto para disputarse una oferta que ellos mismos inducen. El demandante único, aparte del propio poder que le confiere su posición de privilegio frente a un buen número de potenciales oferentes, tiene un gran margen de maniobra porque es financieramente más poderoso y cuenta con el acceso predilecto a las empresas de protección, que harán valer - por métodos violentos las más de las veces - la naturaleza del acuerdo que establezca con los productores. Es decir, el demandante no solo actúa desde su posición sobresaliente en el mercado sino que, además, tiene en su mano los mecanismos de cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Bajo estas circunstancias, el demandante único puede elegir entre dos alternativas. Puede, como primera opción, integrar verticalmente las etapas de producción e intermediación en su propia empresa, ya sea en solitario o en colaboración con otros intermediarios, internalizando así la producción como una rama de una empresa de más amplio alcance. Mediante economías de escala, los grandes terrenos propios permiten reducir los costes unitarios de producción, la inversión en mecanización y, como consecuencia, aumentar los beneficios. A finales de los cincuenta, un general mexicano, junto con otros tres empresarios, era propietario de mil hectáreas de zona montañosa en el estado norteño de Nuevo León que se dedicaban al cultivo de marihuana, con una producción anual que se estimaba entonces en cuatro mil toneladas. El propio hermano del general actuaba como intermediario con "bandas de narcotraficantes internacionales" (Astorga 1996:101). Diez años antes la Policía Judicial Federal se atribuía la destrucción de una plantación de cuatro mil hectáreas de adormidera que se extendía junto al rancho de un diputado - a quienes los vecinos calificaban, según la prensa, como "uno de los traficantes más grandes de drogas que controla la producción de opio de la región" - y eran los peones de éste quienes lo cuidaban y recolectaban (Astorga 1996:91).

En 1984 la policía mexicana expropió el rancho 'El Búfalo' en pleno desierto en el estado fronterizo de Chihuahua. Aunque la tierra era de propiedad federal, diversos empresarios - públicos y privados - habían establecido un centro de cultivo y procesamiento de drogas a gran escala. En el momento de la expropiación se descubrieron casi dos mil quinientos kilos de marihuana en los campos que se cultivaban "a base de un sistema de riego por aspersión. Construyeron pequeñas presas o perforaron pozos, que contaban con un sistema de bombeo automático y una red de distribución que llegaba a los terrenos [...] Introdujeron maquinaria agrícola, supervisaban los plantíos en helicóptero" (Proceso, 19 de noviembre de 1984) Andrade Bojorges (1999:68), aunque coincide en el grado de tecnificación del rancho - "se habían utilizado los mayores avances para la agricultura intensiva en alta tecnología", escribe - reduce la cantidad de marihuana que se producía, argumentando que "la cifra estaba inflada para darle mayor realce al golpe" policial. En 1989 se expropiaron al empresario de drogas Jesús Murillo doce campos agrícolas con una extensión total de doce millones de metros cuadrados en el Valle del Yaqui, en Sonora, uno de los cuales estaba sembrado con marihuana (Proceso, 5 de noviembre de 1990).

Sin embargo, hay varios componentes que juegan en contra de esta integración - de la construcción de grandes centros de producción - y que inducen hacia la externalización flexible de la producción. Por una parte, están las razones puramente de funcionamiento del mercado de drogas. El hecho de que la información circule de manera restringida hace que los intermediarios hace que su papel sea lo más relevante para el funcionamiento del mercado. El valor agregado por el intermediario no surge por las drogas en sí mismas sino de su acceso a las mismas, independientemente de si la producción se internaliza o se compra. Con una oferta ilimitada de potenciales productores, con respecto a los cuales puede funcionar en régimen de monopsonio - es el intermediario el que les encarga la producción -, las posibilidades para fijar el precio a su conveniencia - bajo - son muy notables. A mediados de los años setenta, el precio del kilo de opio que se pagaba a los productores representaba únicamente el cinco por ciento de los ingresos que el intermediario obtenía por esa misma cantidad de droga (Proceso, 21 de octubre de 1976), una circunstancia que es común a muchos otros productos agrícolas (United States Bureau of Census 1995:668). La escasa importancia de la producción en la estructura de costes a los que se enfrenta el intermediario, junto al recurso a la fijación casi unilateral del precio y a multitud de oferentes, constituyen un fuerte incentivo a la externalización.

Pero las restricciones para la circulación de información en el mercado de drogas funciona en otro sentido y es que hace que los intermediarios se vean sometidos a altos grados de volatilidad en cuanto a la demanda que reciben. El número de clientes que tiene cada intermediario, en esta fase del negocio, es reducido y la eliminación del mercado de ese segundo intermediario - ya sea por voluntad propia o ajena - supone un descenso notable para el empresario en contacto con la producción. La marihuana y, sobre todo, la amapola son productos perecederos, con lo cual es mejor estrategia empresarial dividir los costes de una producción que no se vende entre pequeños productores sin poder de negociación es más inteligente que internalizar esos costes en la propia empresa. Por otra parte, la externalización de la producción distribuye los riesgos asociados a dos partes especialmente vulnerables a la expropiación: el cultivo - por el carácter inmóvil de las plantas - y el almacenamiento.

Los costes de la protección frente a expropiaciones de terceros está caracterizada por fuerzas contradictorias. La protección tiene economías de escala, lo cual puede favorecer la internalización de la producción y la dedicación de grandes extensiones de terreno al cultivo de drogas. Pero, frente a esto, el mercado de la protección es muy volátil. Las empresas - públicas - que ofrecen protección son rotadas de territorio de manera temporal, lo cual puede dejar un terreno que previamente contaba con protección al designio de una nueva negociación en la que la nueva empresa de protección tiene posibilidades, por el recurso ilimitado a la expropiación, de imponer precios de extorsión. Crear dentro de la empresa departamentos de protección propios de gran escala es una opción que, por las peculiaridades del sistema político mexicano, es difícil: las empresas públicas tienen ventajas competitivas, tales como subvenciones públicas o acceso privilegiado a recursos negociacionales con las élites políticas, e históricamente se han impuesto a eventuales grupos paramilitares al servicio de los empresarios de las drogas.

Adicionalmente, teniendo la capacidad de fijar los precios de manera unilateral, la mano de obra contratada se convierte en un riesgo y un coste para las producciones de gran tamaño muy superior al de comprar la mercancía a productores orgánicamente independientes. O bien se pagan salarios más altos al objeto de comprar la complicidad de los recolectores o se incrementan los costes del protección. De la familia Díaz Parada, que se dedicó al cultivo de drogas en Oaxaca durante décadas, se decía que los sueldos que pagaban en los años setenta "eran 20 veces superiores al del salario mínimo entonces vigente" (Bajo Palabra, septiembre de 2001) o que a sus jornaleros ya en los años noventa su trabajo "les reditúa pingües beneficios" (El Universal, 29 de mayo de 2000). Si, alternativamente, los salarios que se pagan son los de mercado, los costes de control es probable que se disparen. Así, en el rancho 'El Búfalo', donde los campesinos que trabajaban "cobraban a razón de dos mil quinientos pesos diarios, una minuta exigua (Méndez 1985:31),

cientos de narcotraficantes armados [...] vigilaban a diez mil ochocientos campesinos y jóvenes desempleados [...] traídos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Sonora, pero principalmente Sinaloa. [...] Los desertores eran asesinados con ráfagas de metralletas [...] No podían salir de los enormes dormitorios [...] Una diversión de los narcotraficantes: paseaban a un mujer desnuda, que los incitaba a distancia; los trabajadores se masturbaban masivamente. Por las noches los castigos, que por lo regular consistían en meter en tambos de agua helada a los que protestaban o se negaban a trabajar (Proceso, 19 de noviembre de 1984).

El personal de este rancho, además, tuvo que ser reclutado a través de anuncios radiofónicos que solicitaban personal para "pizar" manzana (La Jornada, 10 de marzo de 2001), lo cual impone mayores costes laborales extrasalariales para la internalización de la producción. La contratación de cultivadores puede ser más coactiva. Según relata Correa (1994:234-5) a principios de los años ochenta, con base en testimonios de sacerdotes católicos de la zona sur de México, los métodos para controlar a los reclutar y mantener eran mucho más expeditivos. En un principio, los campesinos cultivaban marihuana de manera independiente y

En eso viene el Ejército y la Policía Federal, queman algunos plantíos, detienen a varios de los productores, normalmente con lujo de violencia. [...] Interviene el 'patrón', reparte dinero aquí y allá y libera a sus adictos, y las cosas parecen volver a la normalidad. Ante esta situación algunos indígenas o campesinos reaccionan y deciden abandonar el negocio, pero es demasiado tarde. Están tan endeudados o comprometidos con el promotor, porque los liberó de la policía, que ya no pueden echarse atrás. Los que persisten en zafarse son amenazados directamente en sus personas o en sus familias y, en último caso, son asesinados. Para asegurarse sus intereses, el dueño del 'negocio' establece guardias de seguridad con bandoleros equipados con armas de alto poder.

La decisión empresarial sobre externalizar dependerá obviamente de la perspectiva que tenga el empresario de la volatilidad de la demanda y de la protección. La construcción del rancho 'El Búfalo', por ejemplo, sólo fue posible en unas circunstancias en las que la protección era intensa, cartelizada y potente, mientras que los empresarios involucrados en su construcción tenían una lista de contactos notable. Igualmente intensa era la protección de que gozaba, según un informe de inteligencia militar mexicana, el alcalde de la población de Amera, en el estado de Jalisco, a mediados de los años noventa, cuando se localizaron en tierras de su propiedad "cuarenta plantíos, con sistemas de riego". El alcalde "mantenía estrecha relación con el Comte. [Comandante] del Regimiento [establecido en la ciudad], Cor. [Coronel Orlando] Carrillo [Olea]", quien a su vez es hermano del jefe supremo de la represión de las drogas en la Procuraduría General de la República. El informe añade que "su suegro [de Orlando Carrillo Olea] sembraba marihuana dentro de su sector [instalaciones militares]" (Proceso, 27 de julio de 1997). Del mismo modo, algunos policías de la ciudad de México cultivaban marihuana dentro de las instalaciones de un acuartelamiento de barrio (La Jornada, 1 de junio de 1998)

En cualquier otro contexto donde el acceso a la protección no sea ni tan barato ni tan intenso, la mayor parte de los demandantes de drogas - intermediarios - toman la decisión de externalizar los cultivos de drogas hacia empresas de menor tamaño como respuesta flexible a una demanda y una protección que, por la naturaleza ilegal de las drogas, son volátiles. En contraste que refleja la escasa importancia del precio de las drogas pagadas al cultivador en el total de la estructura de costes, la mayor parte de las tierras susceptibles de ser utilizadas en tareas agrícolas que poseen los grandes empresarios de las drogas en México nunca han sido utilizadas para esta actividad y han preferido dejarse baldías, en la mayor parte de los casos, lo que muestra que para un gran terrateniente, dedicado a otros ámbitos de las drogas o no, el cultivo de las drogas es un asunto poco beneficioso - porque el intermediario puede conseguirla a precios muy económicos de terceros - y, en cambio, bastante arriesgado por la volatilidad de la protección y al carácter inmóvil de la producción. Kamstra (1974:101) relata para los años sesenta lo que sería una constante a lo largo de "en estos primeros tiempos, los intermediarios que fueron lo suficiente perspicaces para reconocer lo que estaba pasando fueron a las montañas y a los cultivadores, a menudo contratando campesinos que nunca antes habían plantado marihuana para que la cultivasen de manera organizada. Muchos de estos primeros empresarios de la marihuana terminaron controlando las mejores áreas de producción de marihuana en México".

Adicionalmente, la externalización hacia pequeños productores beneficia a los intereses de las empresas de protección, que coinciden básicamente que los de los intermediarios a los que protegen. La existencia de multitud de campesinos que produzcan drogas permite a las empresas de protección que funcionan desde el sector público la justificación estadística para sus actividades represivas. Si el cultivo se diesen en grandes terrenos, como el rancho 'El Búfalo', los costes de la eficiencia estadística - las esporádicas tareas represivas que exige el compromiso legal con la represión de los cultivos de drogas - serían muy altos para los intermediarios, lo cual iría en contra de las empresas de protección. Por el contrario, la detención de miles de campesinos sin acceso a una protección duradera implica el cumplimiento de los objetivos de eficiencia estadística mientras se mantiene intacto el funcionamiento de la industria, poniendo a salvo a los intermediarios protegidos. En ocasiones, las tareas represivas contra los campesinos no representan sino los ajustes propios de descenso de la demanda, que se realiza por la vía de la eliminación de algunos productores. Según un estudio del diario Público (16 de julio de 1998), sobre las actas judiciales de casi quinientos sentenciados en el cárcel federal de Puerta Grande, Guadalajara -, a los campesinos detenidos por cultivar marihuana ni tan siquiera se les inquiere en la actuación policial por el comprador o el contratista con el cual estaban conectados.

Un parlamentario autonómico del partido de estado refería el modo en que los intermediarios indujeron la producción en una zona de población mixe en el estado de Oaxaca en los años setenta: "los traficantes llegan y ofrecen a los campesinos seis mil pesos o más por hectárea para que cultiven mariguana. Cuando la cosechan, les dan otra cantidad similar para que preparen más hectáreas" (Proceso, 27 de julio de 1981). Según el mismo artículo, en el pueblo de Jaltepec de Candayau, mismo estado de Oaxaca, los intermediarios requirieron a los campesinos locales alcanzar la cuota de cien hectáreas de marihuana. En la mayor parte de los casos, los campesinos reciben gustosos esta oferta para cultivar drogas. En palabras de un labriego de Tzitzio, en el estado de Michoacán, "cuando una persona [un intermediario] da a un campesino la semilla de mariguana para que siembre, la ilusión (del campesino) es grande, porque se va a tener un dinerito de más para vivir" (El Universal, 3 de septiembre de 2001). Generalmente,

Ante los campesinos pobres, los narcotraficantes exponen todas las bondades del negocio de la mariguana: crédito fácil, escaso riesgo de que se pierda la cosecha, dada su enorme resistencia a las inclemencias del tiempo y a las plagas y, sobre todo, mercado asegurado. Ellos no tienen que preocuparse de la siembra y de la cosecha (Correa 1994:236).

En ocasiones, los demandantes no sólo indujeron la producción sino también a los propios productores. En 1970, "varios ejidatarios de Guadalupe y Calvo [en el estado de Chihuahua] denunciaron que individuos armados, presuntamente originarios de Sinaloa, invadían tierras ejidales [comunitarias] y las dedicaban a la siembra de plantíos de amapola y mariguana. Estos hechos se presentaban no obstante la 'fuerte campaña' contra el narcotráfico que realizaban fuerzas militares en la región" (Linares s/f). El resultado es que se generan un conjunto de pequeños mercados de producción de limitadas dimensiones especiales - locales o comarcales - y de tipo monopsónico, es decir, con un solo demandante y un conjunto de campesinos que actúan de manera más o menos coordinada. Éstos carecen de la posibilidad de adquirir cierta independencia con respecto a su monopolista de demanda porque desconocen la existencia de otros intermediarios.

Las estrategias empresariales seguidas por los productores son la maximización de su propio beneficio contando con dos constreñimientos: una combinación de exigencias propias del demandante, sobre todo en lo relacionado con la cantidad y el precio - la calidad se relaciona con la calidad del precio - y la minimización de los riesgos adyacentes a una actividad ilegal.

Los agricultores no suelen producir de manera individual sino que actúan en forma de cooperativas de comercialización que consigan los mayores beneficios para un conjunto de productores. Éstos llevan a cabo un práctica más o menos generalizada según la cual "los pequeños cultivadores particulares[, que] no pueden ofrecer la cantidad de marihuana que un empresario en concreto necesita, [...] se agrupan, ya sea en una acuerdo contractual previo o en una cooperativa mutua, para conseguir la cantidad necesaria en una zona en concreto" (Kamstra 1974:67). Por tanto los agricultores tienden a asociarse porque de manera individual, cada campesino no podría cumplir con las demandas del empresario dada la carencia familiar de bienes de equipo y tierra y, adicionalmente, sin una autoridad que se encargue de penalizar a los free riders y los egoístas, la estructura colectivista supone un beneficio al imponer unos controles mínimos acerca de los comportamientos de cada uno de los productores. Según una pastoral de los obispos del sudeste mexicano de 1982:

Después de la primera cosecha, y con el dinero obtenido supuestamente con mucha facilidad, los campesinos se convierten en los principales promotores de la siembra de mariguana y amapola. Rápidamente convencen a sus familiares y vecinos y, así, al paso de dos o tres ciclos de producción, comunidades enteras se ven involucradas en el negocio (citado en Correa 1994:234).

Normalmente el nivel de agregación de la producción para cumplir con los requisitos de cantidad del intermediario son los propios poblados. La razón para la agrupación en poblados es que se minimiza el riesgo de engaños internos que aumentaría a medida que se aumenta el tamaño de la agrupación de productores. Astorga (1996:49-50) señala que en el poblado de San Andrés Calpan, en el estado central de Puebla, existía ya en los años treinta una cooperativa local que explotaba una extensión cultivada con marihuana de tres kilómetros cuadrados. Un mismo intermediario suele controlar la producción varias cooperativas de productores. El intermediario Filiberto Lupercio, que fue alcalde de un pequeño pueblo del estado central de Jalisco por el partido oficial, "y sus hijos controlan la siembra desde el municipio de Antonio Escobedo hasta Mascota, Jalisco" (La Jornada, 29 de septiembre de 1996). Esta situación es obligada cuando una sola cooperativa - por razones de tamaño - es incapaz de alcanzar las necesidades de producto de un intermediario. Pero, además, la diversificación de la oferta le permite al intermediario asegurarse frente a los riesgos que supone un cambio drástico en los niveles de producción de una sola cooperativa, cuyo motivo más corriente es el desbaratamiento por las autoridades públicas.

No obstante, no todos los miembros de una comunidad determinada pertenecen a la cooperativa de producción de drogas. Algunos toman la decisión de no dedicarse al cultivo de drogas por motivos éticos o económicos. En la comunidad de Sola de Vega, en el estado de Oaxaca, "rodeada de intransitables montañas, parte de sus habitantes han hecho de la siembra del enervante su única forma de sustento, otra más rechaza el cultivo ilícito" (La Crónica de Hoy, 24 de agosto de 2002). Unos no entran en el cultivo de drogas por motivos éticos y los más porque lo que tienen que ofrecer - su mano de obra o sus tierras - no son necesarias para cumplir con los objetivos de producción. Esta división podrá darse siempre y cuando las actividades de los que se abstienen de la producción no entren en conflicto con las actividades de los cultivadores. En caso de que surjan conflictos, el hecho de que los cultivadores tienen acceso a recursos materiales valiosos - armas proporcionadas por los intermediarios o acceso directo a las empresas de protección - tiende a decidir los conflictos a favor de los cultivadores. "En Nueva Tutla [Oaxaca], ciento diez comuneros mixes son propietarios de veinticinco mil quinientas hectáreas. Han tenido que abandonarlas porque han sido amenazados y desplazados por la mafia de narcotraficantes. [Uno de los afectados relata:] 'Nos hemos quejado con el gobierno y ante la Procuraduría General de la República, pero no nos hacen caso. Hemos pedido la intervención del ejército y tampoco ha resultado'" (Proceso, 27 de julio de 1981). Unos meses después de la queja tres de los denunciantes fueron asesinados por los intermediarios que habían inducido la producción. En el poblado de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, casi quinientas familias se han visto obligadas a abandonar sus tierras ante la presión de los cultivadores de drogas y de los intermediarios, según el Consejo Asesor de la Sierra Madre (El Universal, 28 de enero de 1997).

Pero incluso entre los que se avienen a cultivar, la distribución de tareas no es equitativa sino que tiende a mimetizar las estructura de poder inherente a la comunidad. Estas tareas, además, se redistribuyen de manera asidua conforme a las transformaciones en la estructura de poder dentro de la comunidad y a los cambios en la demanda que les induce el intermediario. La forma en la que se distribuyen y renegocian constantemente las actividades - y los beneficios - relacionados con el cultivo de drogas son una fuente continuada de conflictos entre las comunidades, lo cual explica buena parte de la violencia que se practica en las zonas de cultivo. Una vez asignada lo que podría denominarse como la cuota de producción para cada cultivador, éste se encarga de cultivar su cuota al objeto de maximizar los beneficios con algunas tareas, como parte de la protección, se realizan de manera conjunta. En este contexto, "los cultivadores plantaban sólo la hierba que pensaban que podían vender en esa estación" (Kamstra 1974:101). El mantenimiento de la cohesión interna de la comunidad es vital para la continuación del cultivo de drogas, lo cual evita el que ninguno de los cultivadores trate de monopolizar el cultivo.

Salvo en contadas ocasiones, prácticamente ningún cultivador se dedica en exclusiva a la producción de drogas sino que combinan estas actividades con la siembra y recolección de otros cultivos de primera necesidad propios de una economía de autosuficiencia o destinados a los mercados locales. Aparentemente, este hecho sería contraintuitivo dado que, dedicando todos los recursos disponibles a cultivar drogas, maximizaría su renta. Sin embargo, nada de esto ocurre. El motivo es que, por lo general, la demanda de mano de obra y otros recursos que requiere la cuota asignada del cultivo de drogas está muy por debajo de la oferta existente en una determinada comunidad, lo cual deja múltiples recursos disponibles que se utilizan para complementar las rentas generadas por el cultivo de drogas. Complementariamente, los ingresos de las drogas no son fijos y están sometidos a altos grados de volatilidad. Si el intermediario disminuye su demanda de drogas, éste simplemente dejará de comprarla a las cooperativas, lo cual - si se dedicasen en exclusiva al cultivo de drogas - dejaría a la cooperativa sin ingresos. En ocasiones, los campesinos son objeto de robos por parte de los intermediarios o de las autoridades estatales, con lo cual el precio obtenido por el cultivo de drogas es cero. Tal y como afirma un párroco de Guadalupe y Calvo, en la sierra de Chihuahua, "A veces ni siquiera les pagan, o les pagan con un balazo si se atreven a insistir con el intermediario que les paguen. Intermediarios son muchos, gente de fuera que viene seguido, forrada de dinero. Se les conoce pero nadie los detiene" (La Jornada, 24 de septiembre de 1998).

Los factores productivos que utilizan los agricultores tienden a minimizar sus riesgos de ser expropiados por las autoridades públicas o por terceros. En primer lugar, una parte sustancial de las tierras utilizadas para el cultivo son de propiedad pública o, al menos, de difusa propiedad. Esta estrategia, aparte del ahorro de costes que supone - no se paga una renta de alquiler -, permite a los cultivadores reducir los riesgos adyacentes a cualquier cultivo ilegal. Aunque las autoridades públicas puedan destruir las plantaciones, los cultivadores no serán castigados puesto que se disdibuja el nexo de unión entre las plantas y su propietario que sería muy claro caso de que cada agricultor cultivase en sus propias tierras. No obstante, la naturaleza ilegal de los cultivos, junto a la propiedad difusa de la tierra, obligan a poner en práctica estrategias de protección alternativas frente a terceros que traten de apropiarse de la producción. La más frecuente es la vigilancia directa de varios campos por parte de la cooperativa por trabajo voluntario repartido conforme a la cantidad plantada por cada uno o por algún individuo contratado. "En ocasiones un grupo de campesinos se asociaban para cuidar un conjunto de terrenos, turnándose en el trabajo" (Kamstra 1974:206-7). Las armas normalmente son proporcionadas por los intermediarios, con acceso al mercado negro de armas - una parte del mismo controlado por las empresas de protección - a precios muy superiores a los del mercado.

La expropiación por parte de las autoridades públicas en la persecución de su obligación legal o actuando con empresas de protección e intermediación es el riesgo más importante que enfrentan los agricultores. Además, las autoridades públicas pueden convertirse en intermediarios ellos mismos sin estar sometidos a los costes de los cultivos, lo cual los hace especialmente peligrosos para la continuación del negocio. Según un agricultor: "la siembra debe estar bien lejos del pueblo porque es peligroso si los guachos [soldados] la encuentran. ¿Que si arrancan la flor de amapola? No, hombre, nomás nos espantan para quedarse la cosecha, venden la goma y yo pierdo tres meses de trabajo" (La Jornada, 23 de marzo de 1997). Frente a este riesgo, los agricultores pueden poner en práctica otras estrategias alternativas. Los pequeños productores a menudo cultivan sus plantas ilegales entre cultivos legales para minimizar el riesgo de detección por parte de las autoridades públicas y, con frecuencia, cultivan más terreno que lo que inicialmente convenido para hacer frente a las posibles pérdidas de la expropiación así como a condiciones climatológicas adversas. Pero la más usual es la compra de protección. El pago de la protección para los cultivos dependerá del tipo de acuerdo que se establezca entre el intermediario y los agricultores. En ocasiones, será el mismo empresario el encargado de comprar protección entre las autoridades públicas para evitar la expropiación e transferir su coste a los precios. Según una funcionaria judicial las campañas de fumigación aérea a mediados de los años noventa en un estado del norte de México eran bastante selectivas y se concentraba en los campos independientes que no estaban asociados a un intermediario que realizaba pagos por protección.

Mientras volábamos por la zona [asignada para la fumigación], pude ver que en algunos campos había una especie de banderas que ondeaban en unos postes altos. Le pregunté al piloto que qué eran y me dijo que no sabía. Le pedí que aterrizase y, aunque de mala gana, lo hizo. Me dirigí hacia esos campos y comencé a arrancar las banderas. Le dije al piloto y a otro agente [que nos acompañaba] que no me movería si no me decían que significaban aquellas banderas. El piloto se puso muy alterado y pensé que me iba a abandonar allí mismo. Me explicó que esas banderas estaban allí para indicar que se habían pagado los sobornos de modo que esos campos no fuesen fumigados (Gómez-Céspedes 1998:325).

En la primera década del siglo XXI, el sistema continuaba en el estado de Sinaloa con pequeñas transformaciones: "plantíos que están protegidos por la PGR [Procuraduría General de la República], producto de un arreglo entre los delincuentes y los agentes federales, y que tienen una marca: un círculo encerrando una equis como la señal que se utiliza para el aterrizaje de helicópteros" (Noroeste, 30 de julio de 2001).

Pero también ocurre que sean las propias empresas públicas de protección las encargadas de recolectar los pagos entre los agricultores. En el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado fronterizo de Chihuahua, a finales de los años setenta, los cultivadores de amapola relataban que "los del ejército hacen la vista gorda al cultivo de la goma. Ellos son quienes designan cuántas hectáreas de amapolas se pueden cultivar, según el pago que se les haga. Cerca de la cosecha, dan un plazo para que sea levantada otra cantidad con nuevo precio. Luego, realizada la operación, pasan y queman el resto" (Proceso, 10 de junio de 1979). Los que no tienen acceso a ninguna de estas formas de protección confían en la providencia, como el santo apócrifo Jesús Malverde, al que se le dedican capillas junto a los campos cultivados y a los que los campesinos se le encomiendan antes de iniciar las tareas agrícola, en búsqueda de una protección alternativa que le garantice sus ingresos (Lizarraga 1998).

Del mismo modo que el intermediario internaliza algunos costes de la producción como la producción, éste también adopta el papel de financiador de la bienes de equipo necesarios. Un documento de los nueve obispos católicos de la región del Pacífico Sur - Oaxaca y Chiapas - de 1983 refería que "hay una red perfectamente organizada para proporcionar la semilla, el crédito, los fertilizantes y demás insumos; para supervisar técnicamente el tiempo de siembras, de barbecho y de cosechas, e inclusive para atacar posibles plagas; para recoger el producto, empacarlo y almacenarlo. [...] Les proporcionan armas, créditos y sobre todo un mercado asegurado [...] Comunidades enteras han sido involucradas en el 'negocio'. Quedan atrapadas, en manos del 'patrón' o narcotraficante." (Proceso, 9 de abril de 1984). En términos más micro, Kamstra (1974:207) explica cómo en los años setenta los intermediarios financiaron en algunas comunidades de Sinaloa un sistema de riego para conectar el torrente más cercano a sus campos mediante una tubería de plástico, una inversión que estaba fuera del alcance de los campesinos por sí solos. La situación ha continuado hasta la actualidad. Según Marín (2002), los intermediarios de las drogas "pagan en efectivo, por adelantado hasta cinco años seguidos, absorben las pérdidas cuando son reales [...] subsidian la infraestructura de riego, se encargan de la cosecha y la distribución y apoyan a la gente que es detenida por los guachos [soldados] manteniendo a la familia y pagando abogados".

También los intermediarios pueden formar a los campesinos que cultivan para él en técnicas de protección frente a potenciales expropiaciones. "Los mafiosos contratan a ex militares y ex policías especializados en técnicas paramilitares, que entrenan a gente de las comunidades en estrategia, camuflaje y uso de armas. Son esos expertos quienes les dictan una consigna, para el caso de que alguien se interne en un plantío ilegal o en un depósito de drogas: 'Si es civil, dale. Si es policía o militar, trata de que no te descubra; si no puedes evadirlo, tira para ahuyentarlo'" (El Universal, 4 de septiembre de 2001). En ocasiones, la financiación que realiza el intermediario puede ir un poco más allá, en lo que podría asimilarse a pagos en especie a los cultivadores, tal y como demuestra el caso de "Javier Torres Félix. El benefactor de esos dos pueblos [El Limoncito y el Cajonito, en Sinaloa]. El que si un plebe estaba enfermo, él sacaba fajos de billetes para que lo llevaran a un médico de Culiacán. El riquillo. El que tenía centenares de hectáreas para sembrar frijol y maíz. El que reclutaba a los habitantes de El Limoncito, El Cajoncito, Palmarito y Santa Ana para el cultivo de mariguana" (Milenio Semanal, 25 de febrero de 2001).

Este diseño básico de organización del mercado de producción de drogas en México se ha mantenido básicamente estable a lo largo del tiempo. También territorialmente las zonas de cultivo de drogas ilegales apenas se han movido en más de cinco décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Las montañas que circulan en paralelo a la costa del Pacífico desde el estado norteño de Sonora a Oaxaca, con particular intensidad en el estado de Sinaloa, han sido las zonas donde se han producido la mayor parte de la amapola y la marihuana mexicanas, aunque no han monopolizado el total de la fabricación. A principios de los años sesenta las plantaciones ilícitas de amapola se localizaban en los estados nororientales de la República, sobre todo Sinaloa, Durango y la parte meridional de Chihuahua; sin embargo, debido a las enérgicas campañas, los cultivadores han comenzado a migrar a otros estados, como Michoacán, Chiapas y Sinaloa" (Barona 1964:1). Según un informe del Centro de Planeación para el Control de Drogas de la Procuraduría General de la República, en los nueve estados que recorren ese arco territorial de producción - donde se erradicaron entre 1992 y 1995 más del ochenta por ciento del total de cultivos ilícitos del país -, más de ciento treinta mil "jornaleros y campesinos" se dedicaban a la producción de adormidera o marihuana en sesenta mil hectáreas de terreno (La Jornada, 5 de abril de 1996; El Universal, 9 de diciembre de 1996). Entre 1989 y 1993, en los estados del litoral del Pacífico - Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas - se erradicaban el noventa y siete por ciento de la hectáreas de marihuana que se erradicaban en México y el 99,6 por ciento de la amapola (Ruiz Massieu 1994:144-51).

Tabla 1. Trabajadores dedicados al cultivo de drogas por estados (los seis primeros), 1992-1995

Trabajadores

Porcentaje de la población activa

Sinaloa

30.408

4,5

Chihuahua

27.427

3,7

Guerrero

22.483

..

Durango

15.388

7,4

Oaxaca

6.749

1,7

Jalisco

6.285

..

Fuente: Centro de Planeación para el Control de Drogas, Procuraduría General de la República (La Jornada, 5 de abril de 1996).

La respuesta a esta pervivencia en el tiempo esta relacionada con dos factores que apenas han cambiado a lo largo del tiempo: por una parte, los costes relativos de la producción en cada zona de México, que son en última instancia los motivos que llevan a un intermediario a escoger inducir la producción en una determinada zona sobre otra, y la permanencia en el tiempo de un intermediario concreto en el negocio. Esto último es crucial porque la desaparición de un intermediario podría dar lugar a su sustitución por otro que enfrentase estructuras de costes diferentes según las zonas geográficas y que optase por inducir la producción en otro lugar.

Los costes de producción de las drogas con relación a su precio de venta son muy bajos. El gasto más sustancial es la compra de protección frente a la intromisión de las autoridades estatales y, en menor medida, la tierra y la mano de obra para las tareas agrícolas. Estas dos últimas son bastante baratas en todo México, donde hay multitud de tierras infrautilizadas y el desempleo en las zonas rurales es notable, lo que ha nutrido la masiva emigración hacia las ciudades desde principios de siglo. Las circunstancias de las que habla Luphsa (1981:97) como generadoras de cultivo de drogas en la Sierra Madre del Norte de México - "a mediados de los años setenta un campesino [de ese zona] ganaba aproximadamente cuatrocientos dólares al año por su trabajo tradicional; cultivando adormidera puede aumentar su renta hasta los dos mil o cuatro mil dólares al año" - son aplicables igualmente a todas las regiones de México y, sin embargo, no ha dado lugar a los mismos resultados. En estas circunstancias de igualdad de costes, lo que podría preverse es una producción equitativamente repartida a lo largo de todo el territorio. De hecho, la producción en algunas zonas cultivadoras del norte de México sería antieconómica puesto que los salarios agrícolas en el sector legal de la agricultura son relativamente más altos que la media del país. Si a estos costes de factor trabajo y tierra se añaden los gastos de transporte a que se enfrentan los exportadores, éstos podrían preferir contactar con intermediarios cercanos a la frontera para ahorrar costes y así concentrar masivamente los cultivos en zonas cercanas a la frontera.

Sin embargo, dos circunstancias han jugado a favor de la concentración de la producción de drogas en las montañas paralelas al Océano Pacífico. Por una parte, el coste de la protección frente a la expropiación estatal es más reducido en estas zonas. Frente a lo que ocurre en otros estados latinoamericanos, el estado mexicano ha tenido un control sobresaliente sobre todo su territorio, lo cual deja sin margen al surgimiento de santuarios de impunidad en los que la protección privada de los cultivadores constituya una amenaza frente a la actividad estatal. Este control estatal notable igualaría, en teoría, los costes de protección afrontados por cualquier cultivador en todas las zonas del país. Sin embargo, la distribución de las fuerzas armadas, principales agentes del control territorio, en México no ha sido equitativa a lo largo del tiempo. Prácticamente todas las zonas donde se producen drogas han sido identificadas como tales desde la Segunda Guerra Mundial. En 1960, la Secretaría de la Defensa Nacional erradicaba cultivos de drogas a los estados de Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sinaloa y Sonora, con especial incidencia en estos dos últimos (Toro 1995:13). El gobierno mexicano ha asignado a estos territorios gran cantidad de mano de obra y otros recursos para afrontar la erradicación de cultivos. fuerzas de represión del cultivo de drogas ilegales estaban "comparativamente bien pagadas" (Lupsha 1981:99).

De manera coincidente, los estados en los que se cultivan drogas han estado sobrerrepresentados en cuanto a la presencia de grupos de oposición al gobierno del partido único, en particular de organizaciones insurgentes. Los estados cultivadores de la zona norte del Pacífico - Sinaloa, Chihuahua y Jalisco - han proporcionado buena parte de los cuadros de las organizaciones de guerrilla urbana que actuaron en los años sesenta y setenta (Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados 1999). En los dos primeros, los movimientos pacíficos de oposición al partido único fueron particularmente intensos en relación a la situación de otros estados, aunque éstos fueron posteriores. En los estados del Pacífico Sur, particularmente en Guerrero y Oaxaca, los grupos guerrilleros rurales han sido una realidad casi ininterrumpida desde los años setenta. El inicio del cultivo masivo de marihuana y adormidera en ambos estados es coincidente temporalmente con la llegada de tropas del ejército para sofocar los movimientos armados. Frente a esta amenaza de insurgencia violenta tanto rural como urbana, el estado asignó notables cantidades de recursos a estas regiones que no existían en otras.

Al asignar mayor cantidad de personal y recursos a estas regiones, el gobierno estaba indirectamente subvencionado a las empresas de protección que existían dentro de las fuerzas de seguridad. Durante los años noventa en el poblado de Baborigame, en la zona montaña occidental del estado de Chihuahua, la relación entre soldados y campesinos era de cinco a uno, lo cual no impedía la producción tanto de amapola como de marihuana (La Jornada, 23 de septiembre de 1998). En uno de los municipios con más altos niveles de cultivo de marihuana, Baridaguato, en Sinaloa, cincuenta y cinco de los ochenta funcionarios municipales son policías, sin contar con una partida de policías estatales y un regimiento del ejército (La Crónica de Hoy, 22 de octubre de 2002). Con mano de obra proporcionada y pagada por el estado, los directores de las empresas de protección no necesitaban recurrir a terceros para ejercer las tareas propias de la protección - que son intensivas en factor trabajo - disminuyendo así el coste unitario de la misma pagado por los cultivadores o los intermediarios. Sus tareas de protección se veían reforzadas por el hecho de contar con el respaldo legal, igualmente gratuito, para castigar a intermediarios independientes frente a los protegidos. Raúl Valenzuela Lugo, un prestigioso abogado de Badiraguato, un municipio productor de opio en el estado de Sinaloa,

afirma que los mismos jefes de las campañas contra las drogas enviados desde [la ciudad de] México en los años cuarenta 'fomentaron tales actividades [el cultivo de adormidera] fijando un tributo a los campesinos, primero en especie, según la importancia de la comunidad, y en los años subsecuentes en efectivo', de ahí que hubiese cultivos de amapola prácticamente en todas partes y a la vista de todos (Astorga 1995a:61).

Adicionalmente, los directores de estas empresas de protección contaban con recursos negociacionales que presentar ante las autoridades encargadas de mantenerlos en esos puestos con las que no contaban otras potenciales empresas de protección públicas en otras zonas del país. Su eficacia en mantener el control social - el objetivo realmente importante para sus superiores - era recompensada con altos grados de impunidad para ejercer otras tareas ilícitas. El hecho de que estas empresas de protección que participaban de la represión de movimientos de oposición contasen con altos grados de impunidad para la rapiña y los abusos de los derechos humanos hacía que los cultivos ilícitos fuesen una actividad menos importante para su estructura de ingresos, con lo cual podían gravarlos de una manera más favorable. Algunos de los intermediarios procedían, como denunciaban las autoridades eclesiásticas católicas, en 1979 de las filas de las fuerzas armadas (Correa 1994:233).

Las posibilidades abiertas a las empresas públicas de protección por las subvenciones y la impunidad fueron de tal magnitud que algunas tomaron el rol de intermediarios y transportistas en condiciones muy ventajosas. Los subsidios públicos y el hecho de que no necesitasen comprar protección - puesto que se la proporcionaban autónomamente - los colocaba en una situación muy competitiva como intermediarios frente a otros en otros estados, lo cual contribuyó a agudizar aún más la especialización productiva de estas regiones en los cultivos ilícitos. Según un militar al que le fue otorgado el estatus de testigo protegido en el año 2000,

en 1975 aviones del Ejército Mexicano utilizados para combatir grupos 'guerrilleros y subversivos' en Guerrero fueron destinados por órdenes del ahora general Humberto Quirós Hermosillo [encarcelado por proteger a empresarios de drogas en el año 2000] para transportar mariguana del aeropuerto militar de Pie de la Cuesta a Laredo, Texas. El hecho fue del conocimiento del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, quien dio carpetazo al asunto para no afectar a Quirós Hermosillo, quien además de formar parte de la Dirección Federal de Seguridad era comandante en jefe de operaciones en la lucha contra el crimen organizado (es decir, contra la guerrilla y grupos subversivos) y tenía su base en Acapulco, de la cual dependía directamente la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta. [...] Cuando [el avión militar] realizaba el viaje de regreso [...] traía aparatos eléctrónicos, cartuchos y armas de fuego (La Jornada, 12 de agosto de 2002).

Incluso las fuerzas estatales indujeron el cultivo de drogas. Un cultivador del estado de Sinaloa refiere que "en ocasiones los mismos militares han propuesto a los campesinos que siembren [drogas]: el cincuenta por ciento para ellos y la otra mitad para los cultivadores" (Astorga 1995a:62). En Sinaloa, en los años cuarenta es detenido un individuo que afirma que el ex jefe de la policía judicial de Sinaloa lo había "comisionado para recoger como 'contribución' una cantidad de 'goma' de los sembradíos de Rincón de los Montes", una localidad del mismo estado (Astorga 1996:70).

Las circunstancias de presencia insurgente permitían a los intermediarios intercambiar información, de bajo coste, por protección de las empresas públicas, lo cual contribuía a reducir sus pagos monetarios por este concepto y los ponía en una situación de privilegio frente posibles competidores en otras zonas. Los intermediarios, cuyo papel se asemeja al de un cacique local, disponen de gran cantidad de información acerca de lo que ocurre en las zonas en las que están sus cultivadores, en buena medida porque los propios cultivadores se encargan de hacérsela llegar (Rivelois 1999:132-42). Entre esa información está también la referida a los movimientos insurgentes, que - generada con costes bajos o nulos - es muy atractiva para las empresas de protección y puede ser intercambiada con las empresas públicas de protección para beneficio mutuo. En 1984 "veintiocho pueblos mixes [indígenas del sur de México] enviaron un documento al Presidente de la República, en el que denunciaban al cacique Mauro Rodríguez Cruz, líder de la Central Campesina Independiente [sindicato campesino oficialista] y exdiputado, de ser uno de los principales protectores de las actividades del narcotráfico en las zonas de Zacatepec, Choapam y los Bajos Mixes" en el estado de Oaxaca (Proceso, 10 de diciembre de 1984). Un prominente intermediario de los cultivadores de drogas en el estado de Guerrero, Rogaciano Alva Álvarez, es el líder de la asociación ganadera estatal y fue el alcalde de su pueblo, Petatlán, por el partido oficial entre 1993 y 1996, "bien conocido por sus prácticas caciquiles" (Milenio Diario, 7 de enero de 2001). En sus tareas represivas la colaboración entre Alva Álvarez y el ejército eran continuas: "El 19 de febrero de 2000 un grupo de militares del XL Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano tomó por asalto la comunidad de El Nogal, municipio de Petatlán. En la refriega murió Salvador Cortés González, quien un año antes había matado en una emboscada a un hermano del cacique, Alberto Alva." Y su colaboración se extiende más allá del control social: "con frecuencia las camionetas de droga [de Alva Álvarez] eran escoltadas por unidades del ejército" (La Jornada, 11 de noviembre de 2001). Artemio Fontes Lugo, el cacique que actúa como intermediario con los cultivadores de drogas en la sierra de la Tarahumara, en la sierra de Chihuahua, es el encargado de reprimir cualquier conato de contestación social en su zona de influencia (El Universal, 28 de enero de 1997). En este papel, los cultivadores y, sobre todo, los intermediarios contribuyen y cooperan a lo que constituye el objetivo fundamental de las empresas de protección, el mantenimiento del régimen político frente a movimientos opositores, sin el cual sus lucrativas actividades de protección podrían eventualmente desaparecer. Sin este recurso prácticamente gratuito de información, cualquier potencial intermediario en otra zona del país tendría que pagar costes más altos por comprar protección.

Estos beneficios mutuos que obtienen los intermediarios y las empresas explica la longevidad de los intermediarios de estas zonas frente a los que se encuentran en otras regiones. Un intermediario en cualquier otra zona del país puede ser sacado con facilidad del mercado - la diferencia de medios entre intermediarios y protectores es sustancial a favor de estos últimos, que cuentan con el respaldo público - porque puede producir externalidades negativas: la publicidad de sus actos, por ejemplo, afecta a la credibilidad de la empresa de protección ante terceros y, sobre todo, ante las autoridades que otorgaron los cargos a las empresas de protección. En el caso de los intermediarios de drogas que actúan en zonas conflictivas para la superviviencia del régimen político, aunque ocasionalmente pueden estar sometidos a actos de extorsión de parte de las empresas de protección, la colaboración con los intermediarios genera externalidades positivas para la actividad de las empresas de protección en forma de contribución a su posición competitiva. La eficacia en la lucha antiguerrillera o contra los cultivos ilegales - hecha de manera estadística únicamente - ha sido por lo general acompañada de ascensos en la jerarquía de las instancias de seguridad pública y, en consecuencia, una mejora de su acceso al mercado de la protección.

Pedro Díaz Parada, en estrecha colaboración con sus hermanos, ha sido un gran intermediario de marihuana en la región de Totolapan y Santa María Zoquitlán, en el estado de Oaxaca, en el Pacífico Sur, desde principios de los años setenta, en los que era calificado como "el principal narcotraficante de la entidad" (Proceso, 17 de marzo de 1980) o "el zar del narcotráfico" (Proceso, 10 de diciembre de 1984), hasta la primera década del siglo XXI, en que se le seguía llamaba el "zar del narcotráfico en la región del Istmo" (Sur Proceso, 14 de abril de 2001). Ha ejercido un control estricto sobre los habitantes de su zona de influencia, en cuyos alrededores han existido movimientos de oposición muy conflictivos. Entre ambas fechas, algunas empresas de protección excesivamente celosas consiguieron encarcelarse en al menos dos ocasiones - en 1985 y 1996 -, mismas que consiguió fugarse. Otras tantas veces se emitieron múltiples órdenes de arresto en su contra que las autoridades públicas utilizaron para extorsionarle. Pero el control que las empresas de protección han ejercido históricamente sobre Díaz Parada, a cambio de un precio, es tan cercano y tan intenso que durante años un primo hermano suyo fue el director de la policía judicial del estado y para llegar a Santa María Zoquitlán, "hay que pasar dos retenes militares y una Base de Operación Mixta, cuyos ciento cincuenta elementos [...] realizan rondines día y noche en busca de armas [por la presencia guerrillera en la zona] y droga" (El Universal, 29 de mayo de 2000).

Aunque los intermediarios no suelen heredar sus responsabilidades dado que son empresas basadas sobre todo en el capital humano - conocimiento de intermediarios, de empresas de protección, prestigio en el cumplimiento de los contratos y la utilización de la violencia, entre otros, que son de difícil transferencia entre padres e hijos -, en algunos casos esta regla se ha roto precisamente por esta combinación de interemediarios en mercados ilegales y mantenedores del control social en su zona de influencia. La familia Herrera, que comercializa adormidera y opio producidos en el estado de Durango, se ha mantenido en el negocio de la intermediación de las drogas desde los años setenta hasta los cincuenta (Lupsha y Schlegel 1980; Drug Enforcement Administration 2000).

Sin embargo, si las sinergías y funcionalidad entre empresas de protección y represión explica la más longeva pervivencia de los intermediarios - y, en mucho menor medida, de los cultivadores - en zonas con fuerte presencia policial y militar, este hecho no es capaz de interpretar dos características de la distribución territorial del cultivo de drogas en México. Primero, no explica la imbricación previa del cultivo de drogas en el estado de Sinaloa - desde los años veinte se habla ya de importantes áreas cultivada con opio (Astorga 1995a:69) -, cuando el diferencial de actividad estatal represiva con respecto a otros territorios era cercano a cero o incluso negativo, y, más adelante, la subsistencia de este estado como principal centro de comercialización de cultivos de drogas desde los años cuarenta. Segundo, dado que la protección tenía precios iguales en cada estado, la concentración de los cultivos en las zonas rurales sería igualmente antieconómica dado que los cultivos en áreas adyacentes a las ciudades - o a la costa - reduciría los costes de transporte al situarlos cercanos a las redes principales de comunicación y hacer más fácil el control por parte de las autoridades y los intermediarios que, por lo general, viven en esas ciudades.

Hasta los años cuarenta, el cultivo de adormidera estaba repartido de manera relativamente equitativa entre las áreas más próximas a la frontera (Astorga 2000). El destino de estos cultivos era mayoritariamente la exportación hacia los Estados Unidos, lo cual explica - con la añadidura de costes de protección similares porque todas las autoridades son igualmente proclives a formar empresas de protección - esta distribución de los cultivos. Ciudad Juárez, en la frontera estadounidense, es señalada en 1937 por el ministro entonces de Salubridad Pública, como "el centro más peligroso donde trabajan los traficantes" (citado en Astorga 1996:39), el centro exportador de opio hacia los Estados Unidos. Y en este caso, en la prehistoria del comercio de drogas ilegales en México, aunque la cercanía a los mercados exportadores explica parte de esta especialización productiva en los años treinta, la relación entre la misma y los costes de protección es muy directo: los hermanos del gobernador de Chihuahua, Rodrigo Quevedo, son los máximos empresarios del comercio de opio. El mercado interno, por su parte, es satisfecho con amapola cultivada en los alrededores de las ciudades donde hay colonias chinas, que son los principales demandantes, con excepción de algunos personajes de vida bohemia de la clase alta.

La marihuana, mientras tanto, era una industria muy pequeña que se encargaba de satisfacer los pequeños mercados locales existentes ya que apenas existe la exportación. En el caso de la marihuana, su cultivo ha sido bastante frecuente a lo largo y ancho de México. En 1925 la marihuana, a pesar de la prohibición, continuaba creciendo salvaje, aunque en unos territorios con más intensidad que en otros conforme a la orografía y a la pluviometría. En 1937, una autodenominada Liga Femenil contra la Toxicomanía pedía al presidente mexicano, específicamente, que "se destruyan los plantíos de mariguana en Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Querétaro" (Astorga 1996:45), lo cual puede ser indicativo de una presencia mayor de cultivos en esos estados. También se consignan destrucciones de plantaciones de marihuana cuya recolecta se calculaba en toneladas en los estados centrales de Tlaxcala y Puebla (Astorga 1996:48). Quizás la frecuencia de los estados centrales identificados como productores de marihuana se deba más a un problema de dificultades de circulación de información y transporte con el hecho de que haya preponderancia de esos estados en ese ámbito económico. Los bajos niveles de consumo de marihuana en México impidieron entonces la formación de economías de escala y los cultivos se distribuyen a lo largo y ancho del país, mayoritariamente en zonas cercanas a los centros de consumo urbanos.

Sin embargo, para los años cuarenta - en los que crece sustancialmente la demanda de opio en los Estados Unidos por el cierre, por motivos de la Segunda Guerra Mundial, de los tradicionales países exportadores - la distribución de la producción de drogas ilegales en México ha dado un cambio notable. El estado de Sinaloa, en la costa norte del Pacífico, había adquirido una preeminencia notable en el campo de la exportación de drogas ilegales. El periódico El Universal, de la ciudad de México, en 1947, presenta a Sinaloa como "el centro más descarado de comercio de drogas heroicas [sic], al extremo de que las operaciones de compra-venta de opio, tanto cocinado como cristalizado, se realizan casi abiertamente" (citado en Astorga 1996:76). De su experiencia personal en el contrabando de marihuana, Kamstra (1974:66) llega a la conclusión, tras su propio experiencia personal en el contrabando de marihuana durante los años sesenta, que "Culiacán [la capital de Sinaloa] ha sido el centro de la industria de la marihuana mexicana durante años".

Diversas explicaciones se han dado para explicar la implantación del cultivo y la intermediación de drogas en Sinaloa. La tesis de que una importante cantidad de inmigrantes chinos, que llevaron consigo su costumbre de fumar opio, fueron los iniciadores de la producción y comercio de drogas a gran escala es señalada con frecuencia (Recio 2002). Los chinos aparecieron en Sinaloa entre la última década del siglo XIX hasta que el gobierno federal prohibió la inmigración china por decreto en 1921. La mayoría procedían de las explotaciones mineras de otros estados más norteños de México - Baja California y Sonora, sobre todo - y, en última instancia, de los Estados Unidos. En principio se dedicaron al trabajo en las minas. "Ellos trajeron la semilla de la amapola, la sembraron en sus huertos y el producto lo destinaron para su uso personal" (Sinagawa 1986:22). Héctor Olea, recreando la historia de Badiraguato, una importante área de producción, recrea la organización del comercio:

las mafias chinas [...] dedicaron a sus miembros al tráfico de drogas estupefacientes; en esa época no había juez que se atreviera a condenar a un oriental, ni inspector de sanidad capaz de ordenar la clausura de los fumadores de opio y la destrucción de enormes plantíos de amapola y adormidera que crecían, a la vista de todo el público, en las huertas aledañas a la ciudad de Culiacán y en el pueblo de Jesús María [...] En Sinaloa, en la década de los años veinte y principios de los treintas, hubo trágicos encuentros entre las mafias chinas por el control del comercio de opio (Olea 1988:77-79).

Sin embargo, existen varios hechos que refutan esta idea más o menos generalizada que asume que los chinos organizaron la industria de la amapola. El papel de los chinos parece haber sido más limitado y hacerse reducido al suministro de la tecnología para la transformación de la adormidera en opio. "Ciertos chinos asesoraron a campesinos sinaloenses pobres para la explotación de la amapola a gran nivel" (Sinagawa 1986:22). Raúl Valenzuela Lugo, un conocido abogado del municipio de Badiraguato,

atribuye la introducción del saber hacer respecto al procesamiento del opio a un chino radicado en Jesús María - municipio de Culiacán, pero en los límites con el de Badigaguato - quien después se trasladó a Santiago de los Caballeros para trasmitirlo a otras personas, lo que implicó posteriormente la multiplicación de sembradíos en todo el municipio (Astorga 1995a:61).

Si bien esta tecnología hizo posible la creación de la industria, y su importancia no merece ser minusvalorada, parece evidente que los chinos no participaron en los procesos de exportación de drogas a gran escala ni tan siquiera en los primeros momentos de la industria sino que su participación en el comercio se limitaba a satisfacer la demanda entre los inmigrantes locales. Entre los detenidos por comercializar con droga antes de la Segunda Guerra Mundial en el camino desde Sinaloa hacia los Estados Unidos los nombres chinos apenas aparecen, ni como transportistas ni como organizadores. En momentos tan anteriores como los años 1922 y 1923, los chinos ya representaban una minoría entre los detenidos por contrabando de opio en Baja California (Recio 2002:38) y, en todo caso, el producto que manejaban no era surtido por la entonces escasa producción local sino desde la producción legal europea que se divertía hacia la ilegalidad. Los inmigrantes chinos no solo carecían de la mano de obra absoluta para organizar la exportación de opio en Sinaloa - nunca superaron los varias centenares - sino que se distribuyeron de una manera inapropiada para el control del comercio de amapola: la mayoría se establecieron en zonas donde el cultivo de drogas no apareció hasta los años sesenta. Los chinos se establecieron en las zonas urbanas de Sinaloa, lo cual les dificultaba el contacto con los campesinos, mucho menos su control, dado el reducido tamaño de la comunidad china.

Complementariamente, entre los mexicanos arraigó con fuerza un sentimiento contrario a la inmigración de los chinos y frente a la comunidad china en general entre los años diez y los años treinta, lo cual sería un obstáculo importante para la creación de las redes de comecialización entre los campesinos mexicanos y los intermediarios estadounidenses (Gómez Izquierdo 1992). Si la mano de obra china estaba inadecuadamente distribuida y era cuantitativamente insuficiente para organizar la exportación de opio, los chinos, que llegaron a trabajar en las minas para sustituir a la mano de obra local que no aceptaba los bajos salarios, carecían de la capacidad financiera para crear un negocio que es intensivo en capital como es el transporte de opio hacia los Estados Unidos. Astorga (1995a:59-60) cita como oficios habituales de la inmigración china en Sinaloa zapateros, cocineros, camiseros o lavanderos.

En segundo lugar, la presencia de inmigrantes chinos que consumían opio - poseedores por tanto del mismo capital humano - no fue exclusiva de Sinaloa sino que afectó a muchos otros estados y ciudades del México, sin que diese origen a la creación de industrias de exportación de opio en esos lugares. La explicación, por tanto, de que la inmigración china es la razón del notable desarrollo de la industria de comercialización de amapola en Sinaloa es, como poco, simplista en cuanto a su participación en el desarrollo del complejo agro-industrial de las drogas en ese estado.

Otra historia que ha hecho fortuna, en especial entre los medios de comunicación, y que explicaría la preponderancia del estado de Sinaloa en la producción de drogas en México, es la versión de que fueron el gobierno estadounidense de Franklin Delano Roosevelt el que impulsó e incluso financió el cultivo de amapola en Sinaloa durante la Segunda Guerra Mundial para producir morfina con la cual respaldar los esfuerzos bélicos (Albuquerque Journal, 20 de abril de 1999; Arizona Daily Star, 21 de julio de 1997; Barry 1994; El Financiero, 8 de octubre de 1994; El Universal, 17 de enero de 1997; Guillén 2001; González Valdés 1993; Inzunza 1993; La Jornada, 8 de marzo de 2001; Mejía 1988:89-98). La historia está tan extendida que incluso el jefe de la Interpol en México relataba esta versión (Washington Post, 18 de febrero de 2001 ). Resumiendo esta idea en un artículo académico, Craig (1989:98) escribió que "Estados Unidos de hecho alentó la producción legal de opio y mariguana en México en virtud de sostener los esfuerzos de guerra de los aliados" (cursivas en el original). Estas intenciones habrían sido rubricadas por un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el entonces gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho, que habría señalado a las zonas serranas de Sinaloa como el lugar más apropiado para llevar a cabo el cultivo de adormidera. Walker (1981), después de revisar los archivos estadounidenses de la época, no encuentra respaldo para tal afirmación. Un procurador general del estado de Sinaloa en los años cuarenta afirma, en el mismo sentido, que "no tengo evidencias para decir que se estableció un convenio de esa naturaleza" (Lazcano Ochoa 1992:201).

Una tercera historia para explicar esta presencia notoria de la producción y el comercio de drogas en México lo relaciona con la Mafia Italo-Americana, que habría sido responsable de la creación del complejo de exportación de opio hacia los Estados Unidos, donde tenía una fuerte presencia frente a la demanda de drogas. La historia, contada brevemente, confunde una concurrencia temporal con una relación causal. En los años cuarenta y cincuenta la Mafia Italo-Americana tiene una notable presencia en México. Algunos de sus miembros son propietarios del Hipódromo Agua Caliente de Tijuana. Alfred Cleveland Blumenthal, un judío americano que había hecho fortuna durante la prohibición del alcohol, era un importante inversor en el desarrollo turístico del puerto de Acapulco, en el Pacífico. Virginia Hill, una prostituta con excelentes relaciones entre los mafiosos, desde Alphonso Capone a Salvatore Lucania, se convierte en una anfitriona de la vida social mexicana. Según Silica (1974:143) "Hill llegó a México [...] empujada por un solo propósito: establecer los contactos necesarios para el perfecto funcionamiento de lo que sería en un futuro inmediato la subsidiaria más importante del crimen organizado en el continente americano", el comercio de drogas. Como enviada de Lucania se encargaría supuestamente, con el asesoramiento de un grupo de expertos fabricantes chinos, de escoger Sinaloa como lugar de cultivo para surtir al mercado estadounidense. Otros autores fabulan mucho más sobre la historia primigenia de la Mafia estadounidense y las drogas ilegales en México. Por ejemplo, Delpirou y Mackenzie (2000:140) cuentan que en una fecha indeterminada de los años cuarenta, el judío

Meyer Lansky, uno de los patrones de la Mafia neoyorquina, fue en viaje de 'estudios' a México. De incógnito y a lomos de una mula llegó a la comunidad de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, con el fin de conversar con Manuela Caro, una mujer con un temperamento de fuego. De su reencuentro en 1952 surgió la idea de instalar las primeras pistas clandestinas en México. Comenzó el negocio.

Sin embargo, ni las fechas coinciden - la supuesta llegada de los mafiosos estadounidenses es posterior al desarrollo de la industria de las drogas en Sinaloa - ni la estructura de la distribución de heroína en Estados Unidos tendría sentido en esta conexión, ya que la Mafia Italo-Americana estaba concentrada hasta los años setenta en distribuir heroína procedente de Turquía, ni las biografías más informadas de Lucania y Lansky cuentas sus imaginarias incursiones en México (Cohen 1998; Feder y Joester 1954; Gosch y Hammer 1975; Lacey 1991; Nelli 1981). A lo más, y siempre en cantidades muy reducidas, los mafiosos estadounidenses, en conexión con delincuentes marselleses, utilizaron la ciudad de México y otros puertos del Caribe como escala intermedia para la introducción de heroína turca en los Estados Unidos (MacDonald 1988:70-1), además de llevar a cabo algunas experiencias de corta duración, baja inversión y fracasadas por hacer competitiva la heroína mexicana en el mercado estadounidense en los años cuarenta y cincuenta (Jonnes 1996:142; McCoy 1991:41-4).

Desechadas las interpretaciones más frecuentes con respecto a la implantación de la industria del cultivo de amapola en Sinaloa anterior a la llegada masiva de funcionarios federales - finales de los cuarenta - para erradicar esta producción que, por el contrario, estimularon directamente o indirectamente por un abaratamiento de los costes de protección, habrá que recurrir a alguna explicación alternativa. Siguiendo a Albanese (2000), la creación de una industria ilegal requiere elementos de oportunidad - acceso a algún mercado ilegal que proporcione beneficios superiores a las actividades legales descontados los gastos - y, conjuntamente, el capital físico y humano para aprovechar esas oportunidades. Si, como se ha comentado, en estos primeros momentos de la industria, las oportunidades estaban igualmente accesibles en todas las regiones del norte de México, inducidas por la creciente demanda de drogas en Estados Unidos, el fundamento explicativo de su ubicación en Sinaloa debe estar relacionado con las habilidades empresariales existentes en ese estado.

En esta senda, una explicación más plausible con respecto a la preponderancia que Sinaloa adquirió durante los años cuarenta en el cultivo de drogas, superando a otras regiones con potencialidades similares o incluso mayores, como las fronterizas, debe encontrarse en el capital físico y humano existente en la región en esa época. El estado de Sinaloa, desde principios de siglo, estaba especializado en una agricultura comercial extensiva y exportadora cuya producción acababa fundamentalmente en los Estados Unidos. La gran propiedad agraria se conservó porque los diferentes gobernantes de Sinaloa la protegieron e impidieron el reparto de tierras, aunque junto a la gran propiedad surgieron también pequeños propietarios en los valles irrigables. Muchos de los empresarios agro-industriales de la región eran estadounidenses e incluso dos empresas estadunidenses, Mexican Arizona Trading Company y Miers Darling and Hinton Company comercializaban la mayor parte del tomate sinaloense y lo exportaban a los Estados Unidos, además de financiar a los agricultores tomateros (Carton de Grammont 1990). Por lo tanto, Sinaloa contaba con dos requisitos indispensables para construir una industria de las drogas: un aguzado sistema de producción agrícola y de distribución de esa producción en los Estados Unidos que puede ser utilizado para otro tipo de productos, en este caso el opio y, lo que es más importante, un flujo de información constante que era capaz de poner en contacto a individuos con capacidad financiera para ordenar la producción y alcanzar a los consumidores. Al fin y al cabo, la industria del opio de la primera época no hizo sino aprovechar el bien afinado sistema de distribución de hortalizas que conectaba Sinaloa con los Estados Unidos. En 1947 el subsecretario de Aduanas estadounidense señalaba que los contrabandistas mexicanos usaban aviones para transportar opio (Astorga 1996:69). Veinte años antes el cónsul de Mazatlán informaba sobre la utilización de aviones - y también del ferrocarril que conectaba Sinaloa con los Estados Unidos - para transportar opio (citado en Recio 2002:40-1).

Entre los intermediarios que impulsaron la industria de las drogas naturales en Sinaloa se encontraban tanto estadounidenses, que habían participado en la el complejo agro-industrial exportador anterior, como mexicanos. Astorga (1995b), reseña que, en los años treinta y cuarenta "ciertas familias, algunas conocidas, bien relacionadas y con posibilidades económicas de Badiraguato, Culiacán, Guamúchil y Mocorito decidieron explotar esa veta," la de la intermediación en el mercado de las drogas naturales. Los diarios del estado de Sinaloa refieren continuas noticias sobre la existencia de campos de adormidera en los alrededores de la capital Culiacán, pertenecientes a "personas conocidas de esta localidad, que han reincidido en tal delito" (Astorga 1996:29). En la ciudad de México en los años cuarenta se señalaba que el propietario de un hotel era "famoso en la región por ser el único que desde hace dos años compraba la droga por toneladas" (citado en Astorga 1996:73-4). También un empresario relacionado con la aviación y el transporte está relacionado con el comercio de opio (Astorga 1996:93-7). Según López y Pratts (1992:288) en los años treinta "los latifundistas empezaron a introducir el cultivo de drogas". También existen estadounidenses, en las cercanías al sector agro-exportador de Sinaloa al que estaban asociados, que inducen este comercio. Un periódico de Sinaloa señalaba en 1922 que "ciertos elementos extranjeros se dedicaban a la plantación y venta clandestina de sustancias tóxicas, como opio, mariguana, etcétera, en los estados de Sonora y Sinaloa" (citado en Astorga 1996:29). En los años cuarenta, según las investigaciones de la Policía Judicial Federal, "bandas internacionales, integradas especialmente por norteamericanos" estarían financiando a los sembradores de adormidera (Astorga 1996:76). El vicecónsul estadounidense en el vecino estado de Durango informaba en 1944 al gobierno:

un tal mayor Gorgonio Acuna, asignado a la noventa zona militar con sede en Culiacán, Sinaloa, y natural de Metates [población de Durango en la frontera con Sinaloa donde se habían descubierto cultivos de adormidera] es el intermediario entre los cultivadores y los compradores del opio, que encuentra salida en la costa occidental [Sinaloa]. Además, se supo que el mayor Acuna está asociado con un estadounidense, de nombre desconocido, que compra a mil pesos el kilogramo todo el opio saca por la costa occidental, y es ese estadounidense el que introduce el opio en Los Ángeles [Estados Unidos]. [...] También se supo que este estadounidense visita Mazatlán con bastante frecuencia. Y además se conoció que adelanta dinero a los productores de opio en Sinaloa y Durango para que dediquen más tierras a plantar adormidera (citado en Walker 1981:208-9).

Mientras que las regiones fronterizas contaban con el acceso fácil a los contactos que se encargasen de distribuir la droga en los Estados Unidos y el transporte era barato - aunque desorganizado -, les faltaba el complejo agro-industrial previo que permitiese llevar a cabo una producción en masa y mantener un flujo constante. Este complejo de distribución de productos agrícolas presentaba algunas posibilidades para el comercio de opio. Un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos informaba en 1945: "una carta del agente en jefe del Servicio de Aduanas en El Paso, Texas, fechada el veinticinco de febrero de 1943, informa que un mexicano está planificando el contrabando de seis cientos kilogramos de opio desde Sinaloa hacia los Estados Unidos disimulado en cargamentos de guano [palmas]" (citado en Walker 1996:122).

Complementariamente a la existencia de infraestructura previa e intermediarios potenciales con capital suficiente para financiar la industria, en los años treinta y cuarenta se producen algunas transformaciones que proporcionan la mano de obra y la tierra necesaria para la fabricación. Por el lado de la tierra, los latifundistas locales, como en cualquier otro lugar del país, estaban sometidos a la amenaza de la reforma agraria tras la estabilización revolucionaria, lo cual los hacía especialmente conservadores en su estrategia empresarial, incluyendo la posibilidad de incorporar las drogas a su rama productiva independientemente de cual fuese el beneficio relativo. Además, el cultivo de drogas en áreas de su propiedad los hacía especialmente vulnerables a estafas e intimidaciones de parte de las autoridades públicas.

Por el contrario, en las tierras altas de la región, donde se localiza entonces el cuarenta por ciento de la población del estado, la principal actividad económica era la agricultura de temporal y los cultivos más extendidos son el maíz y el sorgo (Ceceña et al. 1973; Bennholdt-Thomsen 1988). Con la llegada de la reforma agraria, campesinos de otros lugares llegaron atraídos por la apertura a la colonización de nuevas tierras en esta región, pero sin capitales para la inversión no consiguieron competir con las empresas internacionales que existían en las planicies. Es precisamente entre estos grupos - a diferencia de los intermediarios capitalistas, que surgen del sector exportador conectado a los Estados Unidos que existía con anterioridad - donde se concentra la mano de obra y la tierra para el cultivo de drogas, que aparece como una alternativa beneficiosa a las actividades tradicionales. A falta de mejores alternativas en los mercados agrícolas, la "heroína y mariguana no se cultivan en los valles de riego de la costa del Pacífico, sino en las tierras altas de la Sierra Madre, pobres para la agricultura. Allí no hay caminos, ni electrificación, ni agua potable. Hay pocas escuelas y clínicas, y no hay trabajo estable [...] Su única fuente de trabajo, durante años, fue descender a los valles, como pizcadores, para las cosechas de algodón, la caña de azúcar y el tomate. Pero, a partir de 1940, se les abrió una nueva fuente de trabajo": el cultivo de drogas (Proceso, 21 de octubre de 1976). Junto a estos campesinos, la crisis en la minería y su práctica extensión en Sinaloa indujeron a algunos de los viejos mineros a trabajar en el cultivo de la amapola y la marihuana (Cabildo 1994:264-5).

En este contexto, entre los habitantes de las zonas altas, "la amapola se convirtió en el recurso más socorrido de los que flagelados por miserias ancestrales o por aventureros hambrientos quisieron cobrarse cuentas atrasadas y ascender en la escala social con el lubricante del dinero" (Sinagawa 1986:23). Por lo tanto, en Sinaloa se concentró una conjunción bastante específica en el conjunto de México que hizo posible el surgimiento del complejo agro-industrial de las drogas: la infraestructura y el capital empresarial propio de la agricultura industrial exportadora junto a una mano de obra y tierra a precios competitivos, cercanas y estrechamente conectadas que pudieron ser utilizados para la estos menesteres del cultivo de drogas.

Una segunda transformación en la industria de las drogas naturales que no se puede explicar sobre la base del diferencial en los costes de protección es el traslado de los cultivos de drogas ilegales desde las zonas urbanas a localizaciones rurales entre el inicio de la Prohibición en los años veinte y los años cincuenta, en los que la producción de estas drogas parece ser ya un asunto típico de áreas rurales relativamente alejadas de los principales nudos de comunicación. Dado que los intermediarios y las empresas de protección normalmente residen en las ciudades, los costes de protección y transporte aumentan conforme los cultivos se van incrementando a medida que los cultivos se alejan de la ciudad, lo cual implicaría un cambio de naturaleza anti-económica.

Durante los años veinte y treinta la mayor parte de los cultivos destinados a la comercialización interna - la demanda externa era muy baja entonces - se producen en los alrededores de las grandes ciudades o en zonas urbanas a modo de reducir costes de transporte en un momento en el cual los riesgos de expropiación son muy bajos. En 1925, un periódico de Sinaloa reseñaba que "cerca de Culiacán han aparecido siembras de adormidera. Nuevamente han aparecido en el perímetro de esta municipalidad y en los mismos alrededores de la población, extensos sembradíos" (Astorga 1996:29). En la capital mexicana, los lugares de mayor producción de marihuana a finales de los años treinta son las estribaciones montañosas al sur de la ciudad, pero también en áreas semi-urbanizadas e incluso en la Alameda Central (Astorga 1996:36,47). En la ciudad de Cuernavaca, cerca de la ciudad de México, en 1937 se descubrieron abundantes plantas de marihuana frente a la jefatura central de policía (Astorga 1996:48). En los años treinta, la marihuana comercializada en Ciudad Juárez se cultivaba en una finca muy próxima a la ciudad, propiedad de una buena y caritatitiva familia de la ciudad. Según cuenta Linares (s/f), "de los plantíos de mariguana las autoridades sabían su ubicación, pero nunca actuaron" en contra de los propietarios de los terrenos. Los chinos cultivan adormidera para satisfacer su propia demanda de opio en los alrededores de las ciudades en las que vivían o incluso en los huertos de sus viviendas. Apenas existe en estos momentos un mercado estatal, mucho menos nacional, y la producción está segmentada conforme a surtir a mercados locales concretos.

Existen versiones acerca de que el traslado se debió a que las zonas montañosas proporcionaban el hábitat donde se maximizaba la productividad de la tierra para los cultivos ilegales. El presidente municipal de Badiraguato en 1990 afirmaba que "un tal chino Amarillas radicado en Jesús María, asociado con estadounidenses, habría encontrado en el microclima de Santiago de los Caballeros la zona ideal para el cultivo" (Astorga 1995a:63). El argumento ha tenido cierto efecto hasta la actualidad y el politólogo y asesor militar Javier Oliva Posada refería, tratando de justificar un caso de protección de militares a cultivadores de drogas en las tierras altas de Sinaloa, que "las condiciones climatológicas y su ubicación geográfica [de esas zonas] las hacen un área muy atractiva para cometer este tipo de ilícitos" (Reforma, 15 de octubre de 2002). Sin embargo, si bien se sabe que la planta de marihuana y la amapola se adaptan a casi cualquier tipo de terreno y condiciones climáticas (Duke 1979), es difícil encontrar sustento científico para la afirmación de que ambas especies crecen mejor en zonas montañosas de condiciones climáticas duras que en tierras llanas, más fértiles y con mejor acceso al agua y a los fertilizantes. En el caso de la marihuana, aunque existen fuertes divergencias en cuanto al contenido en componentes psicoactivos debido a componentes genéticos, a las partes de la planta y al modo y al momento en que se recoge la cosecha, la influencia del medio ambiente - con la excepción de la luz - sobre los componentes psicoactivos de la planta se ha mostrado como neutra o muy baja, es decir, apenas varían la calidad de la producción (Baker et al. 1982; Ohlsson et al. 1971; Pate 1994; Turner et al. 1982). Pero ambas circunstancias sí que tienen una notable influencia sobre la cantidad de producto recolectada y juegan precisamente en contra del cultivo en áreas montañosas y secas.

Una explicación más plausible es los constreñimientos a los que se enfrentan las empresas de protección a la hora de realizar sus actividades. Por una parte, la actitud en contra del consumo de drogas por parte de la población urbana en México - y, como derivada, de la producción - fue notable durante la primera mitad del siglo XX (Astorga 1996:1-58; Pérez Montfort 1997, 1999; Recio 2002), lo cual inducía a las élites dirigentes con algún poder de influencia sobre las políticas públicas, exclusivamente urbanas, a requerir la eliminación de los cultivos en las áreas urbanas. De ese modo, resultaba muy costoso la producción en las áreas urbanas o en sus cercanías dado que estaban sometidas a presiones externas para su eliminación. En las zonas rurales, la capacidad de las elites locales - mucho menos de los campesinos - para incidir sobre las empresas de protección era muy limitada, con lo cual el cultivo de drogas podía realizarse con regularidad. Como resultado de esta animadversión urbana, seguida de su represión estatal, los cultivos de adormidera, que eran reprimidos de manera más feroz, en buena medida porque formaban parte de la campaña xenófoba frente a la inmigración china, los cultivos se alejaron progresivamente de las zonas urbanas y ya en los años treinta su cultivo había emigrado a zonas rurales alejadas: el desierto de Altar y la región de los ríos Mayo y Yaqui en el estado noroccidental de Sonora o los límites entre los estados centrales de Guanajuato y Michoacán (Astorga 1996:47).

Pero las élites locales moralistas no son el único elemento con capacidad para perturbar las actividades de los cultivadores y de las empresas de protección en las ciudades, generando una deslocalización de los cultivos. Desde los años veinte, cuando sucesivas administraciones de los Estados Unidos tratan de imponer la prohibición de las drogas ilegales en todo el mundo, México ha sido casi de manera continua su principal preocupación. Las autoridades estadounidenses han presionado con éxito para modificar la legislación mexicana sobre drogas ilegales y perseguir a connotados cultivadores e intermediarios. Pero las presiones para este último fin se basaban en la información proporcionada por los emisarios del gobierno estadounidense, que estaban establecidos en las ciudades y por lo general no salían de allí. En los años sesenta "la ciudad de Culiacán está ahora plagada de agentes antidrogas encubiertos de los Estados Unidos que trabajan con los funcionarios mexicanos y llena de soplones y chivatos" (Kamstra 1974:66-7). Por lo tanto, los cultivos de drogas dentro de las ciudades - que son muy aparentes - estaban sujetos a una probabilidad superior de expropiación por parte de las autoridades mexicanas dado que se veían sometidos a las presiones del gobierno estadounidense para llevar a cabo las expropiaciones. Mientras tanto, en las zonas rurales, a las que difícilmente se aventuraban los emisarios estadounidenses por una bien calculada imagen de violencia, el sistema de cooperación entre intermediarios, protectores y campesinos podía funcionar normalmente sin la intromisión de los empresarios morales ni de las presiones de los Estados Unidos.

Mientras la distribución territorial del cultivo de droga ha permanecido relativamente estable en la historia contemporánea de México, lo que sí ha cambiado a lo largo de los años - y con relativa frecuencia - es la cantidad y en la calidad de la droga demandada, lo cual ha obligado a redimensionamientos notables entre los participantes en su cultivo. El crecimiento de la demanda de marihuana en los años setenta, por ejemplo, provocó la expansión desde la zona norte de la Sierra Madre Oriental hacia el sur a través del mismo sistema según el cual los intermediarios inducen la producción. En palabras de un campesino de campesino de La Ticla, en Michoacán "A quienes aceptaban [cultivar marihuana], los sinaloenses les entregaban armas y plantas de luz. Les traían cantidad de dinero, semilla, fertilizante y comida, con una condición: 'El día que coseches, vendes toda la producción conmigo'. Cada que llegaba el sinaloense al pueblo, se oía: '¡Ya llegó el efectivo!' ¡Era el que traía el billete!" (El Universal, 3 de septiembre de 2001). De este modo, la producción de drogas ha mostrado bastante agilidad para ajustarse a los cambios de las demandas de los consumidores, por mucho que estos estén alejados y que los circuitos por los que transita la información acerca del mercado, por ilegales, sean débiles.

Cuando la demanda crece, los intermediarios estimulan la producción propia o en las cooperativas hasta completar su capacidad productiva. En contadas ocasiones, los incentivos para incrementar la producción surgen por la vía del ofrecimiento de mejores precios a los cultivadores ya existentes. En el año 2000, el crecimiento de la demanda estadounidense, junto a la sequía, se transformó en que los intermediarios locales ofrecieron en Sinaloa plantar marihuana a nuevos productores al precio de dos mil pesos la tonelada frente a los setecientos pesos que se pagaba con anterioridad como medio para un ajuste de corto plazo al aumento de la demanda (El Universal, 17 de febrero de 2000). Pero no suele ser éste el caso más frecuente. Tanto la amapola como la marihuana han sido, por lo general, productos más lucrativos para los cultivadores que cualquier uso alternativo de los factores de producción existentes. En este contexto, el ofrecimiento de mejores precios a los cultivadores para que aumenten su producción por el mismo intermediario no sería una estrategia inteligente. Por otra parte, los intermediarios no suelen entrar en este tipo de conflictos relacionados con el ofrecimiento de precios más altos a la hora de reclutar a una determinada comunidad simplemente porque es más barato - y fácil - reclutar a una nueva comunidad para el cultivo.

En este contexto, los aumentos en la demanda se afrontan con un crecimiento del número de recursos que cada cooperativa dedica al cultivo de drogas o con el aumento del número de cooperatistas. Cuando la capacidad productiva de una cooperativa queda exhausta, se induce la producción en una nueva cooperativa de modo que se puedan enfrentar los crecimientos de la demanda. El crecimiento de la demanda de marihuana en los años sesenta y setenta, por ejemplo, indujo una diversificación territorial en el cultivo de esta planta, que desde sus zonas tradicionales de cultivo en la parte noroccidental de México pasó a extenderse por otros estados más alejadas de la frontera. En el año 2000, el aumento de la demanda estadounidense provocó en Sinaloa, sobre todo, el surgimiento de plantaciones en marihuana en las zonas bajas, que hasta ese momento se habían mantenido casi al margen de este cultivo (El Universal, 17 de febrero de 2000).

Sin embargo, el ajuste a muy corto plazo de la producción a incrementos súbitos de la demanda provoca una reacción paradójica: el aumento de la violencia como consecuencia del acceso a un recurso - las drogas cultivadas - que se hace escaso. Bajo estas condiciones de aumento repentino de la demanda, algunos intermediarios estarán dispuestos a ofrecer mayores precios a comunidades de producción asociadas a otros intermediarios al objeto de conseguir la mercancía requerida. La situación conllevaría un crecimiento. Para garantizar que los campesinos asociados no rompan el contrato realizado con anterioridad ante la oferta de mejores precios, el intermediario deberá garantizarse un prestigio para obligar al cumplimiento de los contratos. Este prestigio, que es vital para el funcionamiento del sistema de monopsonio y que no se derive por una senda más competitiva, se adquiere por dos vías: la utilización de la violencia y el acceso privilegiado a la aplicación de la ley. A menudo ambos suelen ir unidos en la empresa pública de protección, dado que éstas ofrecen sus servicios de penalización a los que incumplen los contratos. En otras ocasiones, el intermediario ejercerá la violencia contra los productores o contra otros intermediarios competidores a través de grupos privados contratados para practicar la violencia. Cualquiera que sea el ejecutor, la violencia debe ejercerse de manera aleccionadora para que así otros potenciales campesinos que tengan intención de romper sus contratos tengan menos incentivos para hacerlo.

La demanda de drogas vegetales también se ha reducido en ocasiones. En esos momentos, los intermediarios, con su poder monopolístico de demanda, no se han contentado con trasladar el descenso de la cantidad por la vía de reducir el número de cultivadores asociados, que ha sido lo más frecuente, en cualquier caso, concentrándose en las zonas donde los precios relativos son más bajos, ya sea por el precio de la mercancía o porque los costes de la protección son más baratos. Un habitante de Tumbiscatío, en el estado de Michoacán a finales de la década de los noventa comentaba: el cultivo de marihuana "se terminó casi por completo. En los ranchos de los alrededores todavía se produce yerba, pero ya no vale. Antes había campos con 3 mil matas, ahorita los hay con 200 máximo" (El Universal, 3 de septiembre de 2001). Los intermediarios en estos casos han aplicado una estrategia paralela: la reducción de precios ofrecidos de manera que puedan trasladarles a los campesinos, en la medida de lo posible, su descenso de ingresos y, al mismo tiempo, redimensionar la producción inducida. En las regiones montañosas de Michoacán, durante los años ochenta "y hasta hace pocos años los agricultores vendían el kilo de mariguana en tres mil pesos. Este mercado, sin embargo, fue desplomándose [...] hoy, en playas como Maruata niños ofrecen al turismo yerba a trescientos pesos el kilo (El Universal, 3 de septiembre de 2001).

El descenso del precio pagado a los cultivadores imprime la posibilidad de que algunos cultivadores se retiren voluntariamente del mercado, sobre todo cuando algunos han podido acumular una cierta riqueza que aumenta el precio de los riesgos asociados con la expropiación estatal. "En el decenio de los ochenta, muchos le entraron [al cultivo de marihuana en el municipio de Tomatlán, Jalisco] e hicieron su 'vaquita' para comprar ganado," luego se retiraron a las actividades lícitas porque el precio ofrecido no les convenía (Público, 16 de junio de 1998). Pero en las más de las ocasiones, el redimensionamiento de la oferta se produce porque una cooperativa de cultivadores encuentra que no tiene intermediario al que vender su producción.

Pero el ejemplo más evidente de la notable capacidad de la oferta para ajustarse a los cambios en la demanda lo muestran las variaciones en la calidad de la droga que se han producido en la segunda mitad del siglo XX. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la calidad de la marihuana mexicana que se vendía en los Estados Unidos era superior a la local, entre otras cosas porque la ausencia de controles permitía ocupar tierras más fértiles que en los Estados Unidos. "Durante la guerra el precio [del cigarrillo de marihuana era de] cincuenta centavos si era producto local y un dólar si se trataba de marihuana mexicana" (Astorga 1996:59). Anslinger y Tompkins (1953) al referir que algunos consumidores prefieren la marihuana mexicana y Goode (1970) en términos más generales refrendan esta opinión en años posteriores. Pero, en todo caso, el cannabis mexicano era de peor calidad que las variedades asiáticas (Bloomquist 1968:102). Incluso en un artículo en una revista profesional mexicana de 1939 se cita que la marihuana que crecía en el estado de Durango, en el norte del país, era la más apreciada por los fumadores (citado en Astorga 1996:35). Pero la idea de la calidad disminuyó conforme aumentaron los controles internos y, sobre todo, la demanda estadounidense se desplomó. Con la recuperación de la demanda en los Estados Unidos en los años sesenta, los consumidores estaban poco educados en sus gustos y el mercado era capaz de absorber cualquier cantidad de producto, independientemente de la calidad. "La calidad no importaba a principios de los sesenta, la gente compraba todo lo que llegaba... Cualquier marihuana que llegaba a los Estados Unidos se la engullían con desesperación, la calidad ni se tenía en cuenta. El único criterio era la disponibilidad" (Kamstra 1974:41, 209). En consecuencia, los intermediarios y, subsidiariamente, los cultivadores, que tenían incentivos para aumentar la capacidad instalada, tenían escasos incentivos para mejorar el proceso productivo dado que había enorme disponibilidad de tierras para el cultivo. Kramstra (1974:204-8) relata que en los años sesenta "muchos de los campesinos en las montañas son poco cuidadosos en el cultivo de la marihuana: lanzan las semillas al terreno y se olvidan de ellas salvo un mínimo desbrozado, hasta que están preparadas para cosecharse [...] en la cosecha se cortaba toda la planta. Cuando se había secado la planta un tiempo, y muchas veces sin que se hubiese secado completamente, todas las hojas, los tallos y las flores se empaquetaban juntas". Incluso dentro de un mismo cargamento la calidad variaba notablemente porque los intermediarios agrupaban marihuana de distintos productores. La compra a un mismo intermediario era en estos momentos aleatoria en cuanto a la calidad: nunca se podía determinar de antemano cuál iba a ser. La calidad de la marihuana mexicana en los años sesenta era tan baja que los grandes importadores del sur de California apenas cataban el producto que importaban para su consumo personal, "prefiriendo las variedades más potentes que crecían en América Central y Hawaii" (Adler 1993:6).

A finales de los años setenta la demanda maduró y comenzó la preocupación por la calidad que se había mantenido al margen durante los primeros años de la expansión exportadora. "Con la popularización de la marihuana y el crecimiento de la sofisticación de parte de muchos fumadores, comenzó una demanda de mayor calidad, sobre todo entre los jóvenes profesionales y los rockeros que ganaban dinero" (Kamstra 1974:209). Había incentivos para cultivar marihuana de calidad porque los intermediarios, inducidos por los exportadores, a quienes a su vez se la requerían los consumidores, pagaban más por la misma. Los grandes cultivadores acometieron las reformas en sus procesos productivos para mejorar la calidad. Pero los campesinos no tenían el capital necesario para llevarlo a cabo. Como respuesta,

muchos intermediarios comenzaron a suministrar, junto a las herramientas y el equipo, semillas potentes, seguramente el factor más importante para producir una marihuana potente. Además, les recalcaron a los cultivadores que se necesitaban mayores cuidados para producir marihuana de mayor calidad, y que la mejora de la calidad conllevaría más dinero... [El resultado fue que] cuando salían las plantas, se cuidaban con gran meticlosidad... las protegían de los conejos, los venados y otros predadores... los campesinos se preocupaban de que la marihuana recibiese suficiente agua, pero no demasiada, porque pudre las raíces (Kamstra 1974:206-7).

Aparte de la mejora conjunta de la calidad de toda la marihuana mexicana como consecuencia de la madurez de la demanda, se produjo una diversificación del producto.

Ahora [en los años setenta] los campesinos son más cuidadosos, sobre todo por la presión de contrabandistas e intermediarios, y la planta se separa en diferentes partes antes de empaquetarse. Primero se cortan las colas y se secan aparte... Después de cortar las colas se dejar que la planta crezca otras dos semanas antes de cosecharla. Cuando finalmente se corta la planta, la mitad inferior se separa de la mitad superior. Se considera que la parte alta de la planta es marihuana de calidad y la parte baja suministra marihuana comercial que, aunque no es de calidad de las colas ni de las parte alta, sirve para colocarse (Kamstra 1974:208).

En consecuencia, la producción de drogas mostró su efectividad a la hora de adaptarse a las cambiantes circunstancias de la demanda. Como consecuencia de esta búsqueda de la calidad, aparecieron multitud de variedades que trataban de informar a los consumidores finales sobre la calidad de la marihuana antes de la compra. En muchas ocasiones, su nombre era más el producto de la mitología de la ilegalidad que de la propia calidad del producto. De hecho, los cultivadores y los intermediarios mexicanos apenas conocían los nombres que los vendedores en Estados Unidos daban a su producción para agregarles atractivo. Así surgieron la Culiacan Garbage, la Tijuana Regular o la Johnson Grass para denominar a productos de baja calidad. Enfrente estaban variedades de alta calidad: Guadalajara Green, Yucatan Red, Nayarit Yellow, Zacatecas Purple - todas ellas referidas a sus supuestos lugares de procedencia, puesto que no había manera de comprobar su origen -, Big Sur Holy Weed, Popo Oro - porque supuestamente se cultivaba en las faldas del volcán cercano a la ciudad de México - y, sobre todo, las variedades Sin Semilla y Acapulco Gold. Como no había ningún organismo o empresa encargada de otorgar certificados de autenticidad, las falsificaciones eran cuantiosas y cualquier exportador o vendedor las etiquetaba según su mejor entender para maximizar sus propios beneficios, independientemente de su origen. Ante la imposibilidad de probar todo el material para comprobar la calidad, se utilizan algunos valores aproximados, que son fundamentalmente el aspecto y el color. Los intermediarios, sabedores de este gusto por ciertas variedades de los consumidores, por las cuales están dispuestos a pagar más, tienen incentivos en engañar al comprador variando el aspecto exterior del producto para que pasen como marihuana de alta calidad.

La incapacidad para capitalizar la calidad en el mercado de destino a través de denominaciones de origen - no había fuente independiente que pudiese garantizar la calidad - hizo que muchos intermediarios perdiesen progresivamente el interés en los cultivos de calidad y, se difuminó, el incentivo por este tipo de productos. Pero, de repente y con gran intensidad, la demanda estadounidense dejó de tener interés en la marihuana mexicana de calidad como consecuencia de un factor exógeno y, probablemente, no intencionado. A finales de los sesenta, México compraba paraquat al Reino Unido para fumigar los cultivos de marihuana en helicópteros que habían sido vendidos por los Estados Unidos. El National Institute on Drug Abuse (NIDA), semi-oficial, se apresuró a publicar un informe afirmando que una quinta parte de las aproximadamente quinientas toneladas métricas que se suponía que se importaban anualmente de México estaba contaminada (Turner et al. 1978). La presencia del paraquat en algunas muestras era cuarenta y cuatro mil veces mayor al nivel máximo de seguridad (Baum 1996:107). El entonces secretario de Salud de los Estados Unidos, Joseph Califano, afirmó que un fumador habitual de esta marihuana se exponía a daños irreversibles en el pulmón.

La administración de Jimmy Carter, que en principio estaba comprometida con la despenalización del uso de la marihuana, consideró la posibilidad de mezclar paraquat con un sustancia brillante como advertencia, pero la desechó por considerar que el resultado sería una sustancia parecida a la variedad "Acapulco Gold", igualmente resplandeciente y con fuerte demanda en los Estados Unidos por su calidad. Pese a que la NORML demandó al gobierno de los Estados Unidos para que abandonase el apoyo financiero y operativo a la fumigación en México, éste declinó presionar a su homólogo mexicano y se continuó con el programa de fumigación con paraquat (Anderson 1981). El resultado de la fumigación y el conocimiento público de la misma entre los consumidores potenciales fue que la demanda de marihuana mexicana se desplomó. Pocos usuarios querían verse sometidos a los efectos adversos del paraquat que la NORML pregonaba sin tregua como medio de mantenerse en el candelero ante su declinante afiliación.

A los ojos del consumidor medio estadounidense, la marihuana mexicana, y sobre todo la de alta calidad, que era fácilmente identificable por su color, ya no era atractiva por los efectos adversos que podía tener sobre su salud. La respuesta de los cultivadores mexicanos fue la de desdeñar la calidad dado que pocos consumidores estadounidenses estaban dispuestos a pagar más por esa calidad. Tan sólo los consumidores con menor poder adquisitivo deseaban adquirir marihuana mexicana - ignorando los supuestos riesgos - y la oferta se le igualó en cuanto a la calidad. Así, la marihuana procedente de México encontró su propio nicho de mercado en los Estados Unidos que se ha mantenido, casi sin variaciones, hasta la actualidad: la marihuana de bajo precio, con poco cuidado por la calidad, incapaz de competir en los mercados estadounidenses con la calidad del cannabis local y del procedente de Colombia y Canadá.

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Última actualización 27 de febrero de 2001