Logo  

Panoramica

Escudo

Universidad Au

SugerenciasNovedadesDirecciones y TeAcerca del Web

 

 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN ESPAÑA

Carlos Resa Nestares

 

 

 

 

PRECISIONES INTRODUCTORIAS

 

Los delitos transnacionales, pese a lo pomposo y flamante que puede sugerir el nombre, no son una rareza original surgida al hilo de la mundialización y las compañías transnacionales. El contrabando es al menos tan antiguo como la creación de la primera frontera y de una unidad política que trató de defenderla eficazmente. Las leyes mesopotánicas sobre el contrabando y los acuerdos de extradición suscritos con otras entidades políticas son el ejemplo más primitivo que se conoce (Saggs 1962). No debe extrañar entonces que al contrabando se le califique de la "segunda profesión más antigua del mundo" (Green 1969:3). El crimen organizado es igualmente arcaico, tan tradicional como la propia historia de los estados. Algunos autores llegan a sugerir una relación muy estrecha entre la evolución de ambos, al punto que, según Shelley (1994:662), "las instituciones legales, un componente esencial de un estado democrático, se desarrollaron al objeto de combatir el crimen organizado y la corrupción" Lo cierto es que en ciertos periodos históricos muy prolongados, o incluso en la actualidad, ha sido problemático circunscribir crimen organizado y estado, en especial la utilización que de este último realiza la clase dirigente.

Lo característico y novedoso de las últimas décadas, que han permitido la consolidación del crimen organización como fenómeno de creciente preocupación para la opinión pública, ha sido el proceso de acelerada transnacionalización experimentado. Los desarrollos de la tecnología de las comunicaciones y del transporte que han permitido la mundialización de la economía han facilitado, de manera no intencionada, la expansión a nivel internacional de las grandes organizaciones criminales (Resa 1997:277-81). El resultado ha sido un nuevo modelo de delincuencia organizada con tres diferencias fundamentales con fases anteriores del fenómeno: una operatividad a escala mundial, amplias conexiones transnacionales y, sobre todo, una capacidad novedosa de retar a la autoridad nacional e internacional (Godson y Olson 1993). Es lo que se denomina habitualmente como delincuencia organizada transnacional, un término que sirve para abarcar a diversas organizaciones que, no siendo monolíticas, muestran grados sustancialmente mayores de colaboración que de enfrentamiento (Naciones Unidas 1994, Williams 1994). Como consecuencia, un problema que por tradición había sido local o nacional, de orden público, se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial por su capacidad para poner en peligro la viabilidad de sociedades, la independencia de los gobierno, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios internacionales. Se trataría de un desafío cualitativamente diferente, menos aparente pero más insidioso, que no pretende subvertir el poder establecido sino ponerlo a su servicio.

No obstante, la relación entre esta nueva dimensión del crimen organizado y su aparición como amenaza a la seguridad nacional e internacional (Estados Unidos 1996) no es ni tan inocua ni tan directa como podrían sugerir las descripciones de muchos autores. La dinámica burocrática de las agencias de seguridad ha contribuido de manera decisiva a la preeminencia del crimen organizado en la definición de los riesgos y amenazas, actuales y previsibles. La súbita desaparición de la amenaza soviética dejó un vacío en el análisis de seguridad, que durante cincuenta años se había consagrado casi exclusivamente a la geopolítica, la escalada nuclear y el complejo militar-industrial. Para romper esta dinámica perversa que implica una reducción inminente de sus asignaciones presupuestarias estos organismos retomaron un concepto de seguridad menos militarizado que floreció en el periodo de Entreguerras (Baldwin 1996), analizaron los movimientos de la opinión pública y se movieron para recuperar el terreno perdido bajo la justificación de dos nuevas amenazas que en realidad eran muy antiguas: el terrorismo y el crimen organizado. No es casual, por tanto, que un fenómeno de por sí antiguo con toda la evolución que ha podido sufrir en la última década haya venido a cubrir, a escala más reducida, la ausencia de amenazas que preveía la desaparición de los regímenes del socialismo real (Naylor 1995).

Si el producto de ambos factores, la evolución reciente del crimen organizado y las necesidades burocráticas de las agencias de seguridad, es capaz de explicar la supremacía de esta manifestación social en las agendas de seguridad y defensa, este modelo es difícilmente exportable al caso español. Dada la reciente consolidación de la democracia y la ausencia prolongada durante la Guerra Fría de una definición de seguridad acorde con el contexto de confrontación entre bloques ideológicos, la prevalencia del crimen organizado como amenaza a la seguridad debe atribuirse casi exclusivamente al propio desarrollo de este fenómeno en España. Pueden ignorando algunas afirmaciones desmedidas, como las declaraciones del jefe de la DEA en Miami, que manifestaba que "España es la Florida de Europa y el Bogotá de Europa se llama Madrid" o que "sin la droga, Madrid todavía sería un pueblucho" (Roth y Frey 1995:352-3), y otras más comunes que están construidas sobre bases teóricas que como mínimo podrían calificarse de endebles. Pero parece evidente que los efectos del crimen organizado, en especial aquel relacionado con el extraordinario potencial económico del tráfico de drogas ilícitas, ha tenido efectos sustanciales sobre algunas variables importantes de la economía y la sociedad española. La creciente capacidad del crimen organizado ha sido decisiva para una relativa erosión de la legitimidad del estado entre algunos segmentos territoriales y poblacionales de España.

Antes de entrar en materia es importante realizar dos precisiones. La primera se refiere a la presentación habitual, tanto en los medios de comunicación como en buena parte de la literatura académica y profesional, que tiende a sobredimensionar la naturaleza extranjera del fenómeno. No es ésta una reacción novedosa (Smith 1976), ni sus perniciosas consecuencias para la convivencia futura son desconocidas por inéditas (Martens y Niederer 1985). De la naturaleza propiamente transnacional de estos grupos criminales se deriva la profusa presencia de ciudadanos extranjeros en estas actividades, ya sea como miembros de base, como elementos dirigentes o abarcando todo el universo organizativo. Las facilidades para el transporte y la pauperización de sus condiciones de vida añaden nuevo crédito a las probabilidades de que los extranjeros se vean involucrados en actos delictivos (Tanton y Lutton 1993). No obstante, en el caso español llegar a conclusiones de este cariz implican una cierta ignorancia dolosa que permite, aparte de criminalizar un fenómeno histórico de tan decisiva importancia como la migración económica, evitar las responsabilidades transfiriendo la culpabilidad sobre agentes externos nocivos. Las estadísticas muestran que sólo una pequeña parte de los arrestados en España son extranjeros. Son españoles, algunos muy populares, quienes maniobran para la comisión de crímenes económicos y fraudes a gran escala, dando carta de naturaleza a estos delitos como crimen organizado (Levi 1987; Calavita, y Pontell 1993). El estraperlo, que puede considerarse como un vasto mercado ilegal que penetró o fue moldeado por la estructura de autoridad, es un ejemplo de crimen organizado típicamente español, pese a la nacionalidad de quienes le dieron nombre. Y, en cualquier caso, no es menor la colaboración reciente de españoles, ya sea de manera individual o actuando como grupo, en la penetración de grupos criminales extranjeros en España.

Pero, aparte de las cautelas acerca de la naturaleza exclusivamente foránea del fenómeno, es necesario hacer una segunda precisión para el entendimiento completo del crimen organizado. Durante décadas el análisis del crimen organizado se basó en una configuración caracterizada por una estructura muy rígida y jerarquizada, con una división de tareas estricta y con un alto grado de cohesión interna garantizado por un código de honor que incluía la profusa utilización de la violencia. Este enfoque se deriva de la necesidad de dar una coherencia a un fenómeno que conjuga el interés popular con el desconocimiento generalizado de su funcionamiento que es innato a su naturaleza ilegal y clandestina. Las primeras investigaciones serias acerca de la mafia italo-americana (Cressey 1967, 1969) dieron carta de naturaleza académica a esta concepción. La interpretación literaria y cinematográfica de El Padrino, de Mario Puzo (1969) y Francis Ford Coppola (1972), respectivamente, superó los límites de la creación artística para infiltrarse en la comunidad académica, judicial y policial. Esta visión alcanzó su máxima expresión en la lectura que el asesinado juez Giovanni Falcone (1992) hiciera de la Mafia siciliana, en buena medida a partir de las declaraciones del arrepentido Tomasso Buscetta.

Es difícil encontrar en la realidad organizaciones piramidales centralizadas de la ilegalidad tal y como se presentan en la literatura. Si, por una parte, la necesidad de protegerse eficazmente induciría a los grupos criminales a adoptar estructuras de este tipo, no es menos cierto que la organización al completo quedaría desprotegida ante la eventualidad de una decadencia o represión de partes relevantes del grupo. Los esfuerzos por compartimentar la asignación de tareas que parecen haber puesto en marcha los grupos más desarrollados son leídas en la línea de asegurar este flanco. Una depuración y modernización de esta teoría (Arlacchi 1986), que presenta el crimen organizado como el prototipo de la empresa capitalista desposeída del muro de contención que supone para la sociedad en general el estado de derecho, sobrestima los factores novedosos del mercado criminal del mismo modo desmedido que las presentaciones habituales de la Mafia tienden a cimentarse exclusivamente en aspectos tradicionales como la omertà o las relaciones de clase en Sicilia ante de la unificación italiana. Por el contrario, las organizaciones criminales tienden a organizarse de una manera más informal en la que distintos grupos de pequeño tamaño especializados en tareas complementarias de negocios complejos funcionan en forma de red a través de contratos de duración determinada que son resolubles con relativa facilidad sin costes añadidos. Se trataría, por tanto, de "una infinidad de eslabones relativamente autónomos que cierra tratos más o menos duraderos impulsados por los jefes del cartel [del crimen organizado en general] que financian algunas operaciones y utilizan su logística para acelerar la actividad de esos eslabones" (Kopp 1997:89).

 

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN ESPAÑA: EL COMERCIO DE DROGAS ILÍCITAS

 

La implantación de la delincuencia organizada transnacional en España es un suceso novedoso del mismo modo que lo es la realidad que abarca dicho concepto. Pero gradualmente ha ido acelerándose su proceso de expansión conforme ciertas características del sistema mundial han dejado de ejercer su papel de control. El precedente del fenómeno puede remontarse al menos cuatro décadas atrás. Coincidiendo con la progresiva apertura del régimen franquista y el advenimiento del turismo de masas, diversos grupos internacionales del crimen organizado, en especial relacionados con el comercio de armas a gran escala, comenzaron a instalarse masivamente en España. La Costa del Sol y las grandes capitales fueron sus destinos preferidos. Aparte de actividades propias del blanqueo de dinero procedente de actividades criminales realizadas en sus países de origen, estos grupos utilizaron España como refugio seguro para sus fondos e incluso para sus figuras prominentes cuando las condiciones se endurecían en sus países de procedencia. La ausencia de cooperación policial por entonces, dadas las específicas características de un régimen, y la urgencia de fondos facilitaron este primer establecimiento.

A partir de entonces la progresiva instalación de organizaciones criminales cada vez más poderosas ha permanecido ligada a un factor inalterable: el crecimiento exponencial del consumo de drogas ilegales. Esta demanda ha dado origen al establecimiento de grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes y que tienen en España un mercado de destino o un territorio estratégico dentro de una cadena de contrabando que cruza fronteras con extrema facilidad. Esta tendencia se ha quebrado en parte con la irrupción masiva de fondos y personajes relacionados con ese magma político-criminal que domina en la actualidad en diversos países de la antigua órbita comunista, en especial en Rusia.

Dentro del negocio de las drogas ilícitas el mercado está segmentado por substancias conforme a una especialización del trabajo bastante pronunciada en la que ciertos grupos de mayor alcance no ejercen el papel de cártel sino el de empresa líder que determina los precios al resto de los competidores. El caso más evidente tiene lugar con respecto a la cocaína, en el que la alianza estructural de contrabandistas gallegos y productores y comerciantes colombianos ha provocado que la región noroccidental se convierte en uno de los puntos más importantes de entrada de esta sustancia en Europa, disputando la preeminencia de los transitados puertos holandeses, en especial de Rotterdam. A mediados de los ochenta los contrabandistas gallegos tenían, por su conocimiento de una actividad ilícita que incluía ya entonces primitivos esquemas de blanqueo de capitales a través de Suiza, la llave a un mercado casi virgen de la cocaína en Europa que anhelaban los traficantes de droga colombianos ante lo que veían como una primera saturación del consumo de cocaína en los Estados Unidos. Y éstos últimos tenían una mercancía que, sin incrementar en demasía los costes de transporte y el riesgo, aumentaría exponencialmente los beneficios de los grupos gallegos.

Mientras en otros lugares de Europa la negociación entre los productores colombianos y los emergentes traficantes locales se produjo en un contexto de desigualdad evidente que condujo a que los latinoamericanos impusiesen condiciones muy beneficiosas a quienes deseaban entran en el negocio, el grado de estructuración y la presencia internacional que habían adquirido los grupos gallegos tras décadas de actuación en el contrabando de diversos productos, sobre todo el tabaco, fortaleció las circunstancias bajo las que tuvo lugar este intercambio. El hecho de que ambos grupos no estuviesen constituidos por grupos monolíticos con un dominio extensivo de cada uno de los procesos que comprendían sus respectivas actividades, pese a las habituales presentaciones acerca de la existencia de cárteles graníticos de Medellín y Cali, sino que estaban formados alrededor una confluencia de intereses coyunturales, contribuyó a hacer las negociaciones más fluidas, puesto que cualquiera de las piezas en juego podía ser rápida y fácilmente reemplazada (Sarmiento y Krauthausen 1991; Lee 1991).

La evidencia de esta fácil reconstitución de relaciones se asienta en el hecho de que el desmantelamiento sucesivo de los bien publicitados y satanizados cárteles de Medellín y Cali, de parte de los productores, y de diversas organizaciones del contrabando gallego no ha tenido consecuencias sobre este flujo incesante de mercancía. Parece que grupos más institucionalizados, que gozan de una protección más depurada, han tomado el relevo en Galicia y asociaciones del Norte del Valle que llevaban actuando desde hace años en Colombia han sustituido a sus predecesores y conjuntamente continúan surtiendo el mercado (Castillo 1996). Por lo general los contratos, ahora y antes, se realizan específicamente para cada envío y nunca sobre periodos prolongados, en gran medida porque los ingentes costes a los que deben someterse los grupos gallegos sólo pueden ser cubiertos por participaciones conjuntas. Esta situación permite adaptarse con más flexibilidad a las circunstancias específicas de cada momento en ambos territorios. Las condiciones del cada remesa incluyen la puesta a disposición de la cocaína por parte de los productores colombianos en algún punto del Caribe, el pago del transporte corre de cuenta de los contrabandistas gallegos y la división última de lo introducido se hace sobre partes iguales. Costaría más de una década que los poderosos grupos mexicanos de tráfico de drogas, que cuentan con una protección en la esfera política que les garantiza el monopolio del tránsito, alcanzasen facilidades similares, lo cual da cuenta de las garantías y habilidades que exhibían los contrabandistas gallegos.

Ambos grupos se sancionaron, además, con este tipo de acuerdo la posibilidad de realizar operaciones independientes. Los contrabandistas del noroeste español han complementado su repertorio con el tabaco y el hachís. Los colombianos, mientras tanto, se guardaron la posibilidad de comercializar la mercancía por su cuenta en cualquier mercado europeo y en ningún caso otorgaron la exclusividad, al modo de una franquicia, para la introducción y la distribución de la cocaína en territorio español. Así, diversos grupos colombianos han actuado de manera autónoma especializándose en la introducción de cocaína a través del tráfico hormiga o de otros puertos en compañía de otras organizaciones como la Mafia italiana para el mercado europeo (Lewis 1989). En los últimos tiempos han realizado también incursiones en el comercio de heroína de gran calidad, que se cultiva en Colombia desde hace algunos años con una enorme productividad de los cultivos y enormes márgenes de beneficio.

El tráfico de derivados del opio a gran escala, no obstante, lo siguen controlando los grupos turcos que se encargan de ordenar el transporte desde las zonas de producción de la Media Luna Dorada (Afganistán, Pakistán, en menor medida Irán y las nuevas repúblicas centroasiáticas de la antigua Unión Soviética), su refino en los laboratorios de Anatolia y su traslado hasta España. En los aledaños a esta última etapa han aparecido con frecuencia involucrados miembros de las diversas ramas de la Mafia italiana. La distribución de heroína al por menor es realizada por organizaciones de menor tamaño que requieren de un importante poder de intimidación dado el carácter en ocasiones violento de los consumidores.

El tráfico de hachís, mientras tanto, ha sido más reticente a agrupar a grandes grupos alrededor de sus beneficios. Esta disgregación de esfuerzos puede deberse a que sus márgenes de beneficio son menores, así como el nivel de organización requerido para su transporte y comercialización. No obstante, la diversificación del tráfico enfrenta una progresiva centralización de la producción, sobre todo como respuesta a la necesidad de crear canales duraderos de relación con las autoridades encargadas de la represión y garantizarse así una protección continuada (OGD 1994). Por último, la renovación tecnológica de la oferta de drogas sintéticas, recuperadas tras la relativa caída en desgracia del ácido lisérgico para al menos una generación de jóvenes, ha sido incapaz de generar una estructura importante de tráfico. Se combina la producción en España con medios raquíticos con la importación desde diversos puntos de Europa Central y Oriental a través de canales poco institucionalizados. Las previsiones Morrison (1997:131) de que España se convertiría a medio plazo en un productor importante de estas drogas sintéticas parecen estar incumpliéndose y, como secuela, la posibilidad de generar grupos estructurados de crimen organizado. El resultado final es un mercado de dimensiones crecientes con grados máximos de incertidumbre en cuanto a la oferta y la calidad de la misma.

En conjunto, el factor más relevante a la hora de estabilizar las actividades de tráfico de drogas de modo que puedan generar grupos de crimen organizado es la posición estratégica de España dentro de las rutas internacionales. Pero si ésta es la condición suficiente, el requisito lo integra la capacidad previa de los grupos autóctonos que se han involucrado en este tipo de negocios ilícitos para anclarse en el entorno y establecer redes de amplio alcance. Estas ramificaciones locales en el caso del tráfico de heroína y hachís surgieron, por un lado, a partir de individuos o grupos dedicados a la pequeña delincuencia y, por otro, en los aledaños de los submundos marginales no relacionados específicamente con una actividad delictiva constante. La experiencia internacional demuestra las dificultades que tienen estos grupos (underworld) para desarrollar los necesarios contactos en el mundo de la economía y los negocios (upperworld) que se requieren para engendrar un complejo circuito de crimen organizado que supere las limitaciones y vulnerabilidades propias de la venta en la calle y termine con el blanqueo de dinero a gran escala (Hobbs 1998). En el caso de las drogas sintéticas quienes podían otorgar la cobertura legal para poner en contacto productores y consumidores, sobre el papel los dueños de locales de copas, no han aceptado concurrir en el mercado. Las causas de esta negativa podrían encontrarse, en principio, en lo magro de las ganancias ilegales en comparación con los riesgos asumidos y la pervivencia de un sector muy atomizado y altamente competitivo.

Los traficantes colombianos de cocaína, por el contrario, encontraron en los contrabandistas gallegos de tabaco una estructura amplia, refinada e íntegra que podía actuar como interlocutor válido y fiable que engarzaba con otros actores relevantes de la vida política y económica. El cúmulo de elementos circunstanciales que dieron lugar a la creación de los primeros vínculos entre los contrabandistas gallegos y los traficantes de cocaína colombianos, que incluyen la forzada estancia en España de altos mandos del tráfico de cocaína internacional y las relaciones previas entre empresarios legales, se extendieron en el tiempo y permitieron la creación de una estructura delictiva de mutua colaboración entre ambos grupos (Conde 1991). Fruto de esta fructífera relación es el poder de los traficantes gallegos, que se ha ido expandiendo territorialmente hacia otros puntos de la cornisa cantábrica y a las principales capitales españolas e internamente hacia otras esferas de la sociedad gallega. Los traficantes de drogas y sus protectores en la política y la economía, que con el tiempo han tendido a fusionarse en un solo cuerpo, han contado en su tarea de protegerse eficazmente con las tradicionales redes clientelares que se han mostrado más resistentes a la modernización que otros puntos de España (Suárez 1997).

En el extremo contrario, la distancia de la península del centro de los principales rutas del comercio de heroína y de las drogas sintéticas convierte el mercado español en un mercado secundario que sólo merece el establecimiento de delegaciones de pequeño tamaño. Ésta se encargan de controlar el oportuno acceso de la mercancía mientras se deja en manos de terceras partes españolas la gravosa distribución de estas sustancias estupefacientes. Bajo este esquema se hace menos acuciante la necesidad de protección, ya se ejerza a través de la violencia o de la corrupción. El caso del tráfico de cannabis y sus derivados representa un punto intermedio puesto que, si bien España se encuentra diametralmente situada en el camino hacia el mercado europeo, los principales productores en Marruecos han sido incapaces de encontrarse interlocutores válidos de gran alcance que sean capaces de fabricar los canales para un flujo constante y holgado. La explicación es difusa y podría responder a la combinación de factores que tienen lugar a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. Por una parte, pese a la lealtad a la corona alauita, los continuos cambios en el equilibrio de fuerzas en el interior de Marruecos someten a un alto grado de incertidumbre a los productores porque se debilita la capacidad de adquirir la necesaria protección que garantice la permanencia en el mercado ilegal. En consecuencia, se genera una propensión a maximizar los ingresos a corto plazo debido a la inseguridad acerca de la continuidad de los derechos adquiridos mediante la corrupción. Por otra, el hecho de que los costes de transporte generen un valor añadido muy pequeño en comparación con otras drogas ilícitas desincentivan la organización de los intermediarios.

Este alto grado de concordancia entre circulación de drogas derivada de la posición estratégica de España en las rutas internacionales y estructuración de quienes se encargan de este tráfico es posible ratificarlo recurriendo a las estadísticas de incautaciones. Si bien estas cifras no son un indicador fiable porque presentan importantes sesgos como su aleatoriedad o su dependencia del grado de efectividad policial, es el único disponible, una vez descartadas las estimaciones que a menudo tienden a sobrevalorar el tráfico de drogas (Reuter 1996). Durante el último trienio en España se alijó aproximadamente el cuarenta por ciento del total de la cocaína incautada en la Unión Europea. La misma proporción se reduce al veinticinco y el cinco por ciento, respectivamente en cuanto a la heroína y las drogas sintéticas, respectivamente (EMCDDA 1998:33). Este análisis, no obstante, sólo es posible dado el alto grado de especialización en una determinada droga que presentan cada grupo organizado. Pese a que se han detectado casos de organizaciones que han superado los campos de singularidad, sobre todo en manos de los contrabandistas gallegos y de grupos menores que practican el intercambios entre drogas sintéticas procedentes de Europa Central y Oriental a cambio de otras sustancias que penetran en Europa a través de las fronteras españolas (OGD 1997), su magnitud continúa siendo menor.

 

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN ESPAÑA: EL BLANQUEO DE CAPITALES Y OTRAS ACTIVIDADES

 

Fuera del lucrativo circuito de las drogas, otros grupos delictivos se han instalado en España al objeto de recoger o disfrutar los beneficios de otros mercados ilegales. Durante la década de los ochenta se produjo el arribo de las Triadas chinas como parte de un proyecto de expansión a nivel europeo en el que España mantenía un perfil no demasiado prominente como fuente de ingresos. Sin embargo, era valiosa la presencia por la capacidad para poner en contacto sus vínculos en América Latina, en especial la influencia de los taiwaneses en Centroamérica, y su implantación en Europa a través de la extensa red de inmigrantes chinos. El contexto español, a estos efectos, no era muy alentador. Por una parte, el número de negocios regentados por la comunidad china era muy inferior al de otros países, lo cual hacía menos lucrativa la venta de servicios de protección. Por otra, el escaso número de inmigrantes impedía la constitución de chinatowns en las que encontrar santuarios de impunidad para sus actividades delictivas.

Pese a estas dificultades no son pocas las actividades de las Triadas chinas en España. En primer lugar, han conseguido construir una eficaz red de extorsión para los negocios propiedad de inmigrantes chinos. En segundo lugar, han cimentado diversas rutas que garantizan el flujo constante de inmigrantes ilegales para trabajar en talleres dedicados a actividades intensivas en mano de obra. Éstos retribuyen con su propio trabajo, a cambio de salarios mínimos y jornadas de trabajo extenuantes, el coste del pasaje organizado por estos grupos. Por último, las Triadas han sido capaces de instaurar pequeños grupos que prestan sus servicios violentos a otras personas o instituciones. No es habitual, no obstante, que la relación con su entorno más inmediato en las comunidades chinas de ultramar se establezca en estos términos de violencia que aplican a otros grupos. La fuerza bruta se convierte en innecesaria y, sobre todo, contraproducente dentro de su concepción de las relaciones interpersonales. Éstas se modelan en entornos diádicos de tipo clientelar mediante las cuales el patrón adquiere, cultiva y mantiene la reputación (guanxi), independientemente del origen de los favores (Myers 1995). Es este peculiar modelo de interconexiones informales entre mundo legal e ilegal lo permite que las Triadas tengan acceso casi inmediato a la extensa comunidad de chinos en el exterior y que luego les sirve para aprovechar cualquier resquicio en los sistemas legales o económicos de los países de acogida.

El tráfico de inmigrantes en España, un negocio que está adquiriendo considerables dimensiones a nivel mundial, no es exclusivo de las Triadas chinas (Weiner 1995; Spencer 1995; Roberts 1997). Es indudable que en este desarrollo existe una concurrencia entre el endurecimiento de la legislación migratoria y la voluntad de aplicar estas leyes, por una parte, y el surgimiento de redes cada vez más sofisticadas para el tráfico humano, por otro. La creación de estructuras criminales para la introducción de inmigrantes en España ha sido, por tanto, la respuesta a la tenaz política de la Unión Europea por aplicar la legislación migratoria. Grupos originarios de Europa Oriental y América Latina, pero sobre todo marroquíes, han instalado redes de creciente complejidad que facilitan el acceso, en unos casos, y una penosa integración, en otros, de inmigrantes a la Unión Europea a través de España. Las condiciones naturales se han constituido en un elemento de apoyo para esta ordenación del tráfico de inmigrantes. La barrera marítima del Estrecho de Gibraltar o las largas distancias actúan como incentivos para esta estructuración puesto que el éxito individual disminuye conforme aumentan las dificultades, ya sean éstas naturales o legales.

Quien ostenta la etiqueta de la tradición en el crimen organizado reflejada en múltiples publicaciones literarias y periodísticas, la Mafia italiana (Galliher y Cain 1974), a quien también es posible atribuir el primer proceso de transnacionalización criminal, quizás en principio no intencionado ni previsto, no se ha mantenido al margen del contexto ibérico (Jamieson 1996). En España han actuado prácticamente la totalidad de los grupos regionales mafiosos, que durante el periodo de apogeo de Totó Riina tendieron a mostrar un limitado grado de centralización y actuación concertada, pero que parecen estar atravesando en la actualidad un proceso de debilitación y desagregación. Su repertorio ha sido diverso pero no conforme a las tradicionales líneas territoriales que separan los distintos grupos en Italia. Han incursionado en actividades como el comercio de drogas ilícitas, ya fuese en colaboración con los traficantes colombianos en la cocaína o con los turcos en la heroína. Pero también han empleado complejos modelos de transferencias de fondos que durante el proceso de blanqueo de capitales que transitaban o terminaban en España, en especial en el sector inmobilitario y turístico. Pero la principal utilización fue la de refugio de seguridad que diferentes y prominentes miembros de la Mafia hicieron en momentos álgidos de la persecución del estado o de figuras rivales. En la misma línea de buscar cobijo contra los problemas internos se han movido otro de los grupos europeos históricos: los clanes marselleses.

Del listado más habitual de grandes grupos criminales internacionales la única organización de la cual no existe una evidencia contundente en España es la Yakuza japonesa. Forman ésta un conjunto variado de clanes con una rica tradición, una gestión empresarial de alto calado y una compleja convivencia con el gobernante Partido Demócrata Liberal (Schilling 1996). Probablemente las diferencias culturales y la lejanía ejercieron una cierta influencia para impedir su implantación en España. No obstante, la carencia de recursos disponibles para estar en el centro de esta decisión. Al proceso de expansión mundial que se inició en los Estados Unidos y el sudeste asiático, en donde realizaron cuantiosas inversiones siguiendo, parasitando y extorsionando los flujos de la inversión legal japonesa, le siguió un periodo de concentración en el mercado local. Sus métodos se hicieron más refinados en cuanto a la extorsión y ubicaron multitud de nichos de negocio a los que accedieron a través de sus contactos entre las elites políticas y económicas. A la vez se desangraron en luchas intestinas. En el intervalo la Yakuza pareció perder el interés por la expansión hacia el exterior y las inversiones japonesas en Europa Occidental quedaron hasta cierto punto al margen del proceso de parasitación al que se habían visto sometidas en periodos anteriores (Kaplan y Dubro 1986). En España, en consecuencia, los casos de extorsión a subsidiarias japonesas se ha mantenido en niveles bajos, siempre amparados bajo el manto de silencio que generan sus métodos, y sus inversiones han sido muy escasas.

La principal transformación del escenario del crimen organizado en la última década en el mundo ha sido la irrupción de grupos delictivos procedentes de los países europeos que estuvieron en la órbita de la extinta Unión Soviética. España no ha permanecido al margen de un proceso de internacionalización de estas organizaciones, que ha sido guiado por pautas empresariales de gran alcance. Para definir este magma impetuoso y confuso se ha utilizado el paraguas conceptual de mafias rusas, bajo el que conviven un gran número de grupos étnicamente muy diversos procedentes de prácticamente todas las repúblicas ex-comunistas y dedicados a actividades muy variadas. Pero esta noción no sólo es injusta con respecto a la caracterización étnica de estas organizaciones criminales, sino que, al mismo tiempo, disloca una perspectiva apropiada del panorama criminal en Europa del Este que posteriormente se trasluce en España. Al concentrar su enfoque sobre la parte más aparente y espectacular del negocio, los servicios de protección privada, que además cumplen con las premisas que les atribuyen los medios de comunicación, se ignoran las relaciones entre elites políticas y empresariales, por una parte, y el crimen organizado, por otra.

Los rusos ordinarios han adaptado el término 'mafia' al contexto local, incluso antes de la caída del comunismo, en el sentido de hacerlo equivalente a poder político y no como sinónimo de crimen organizado (Coulloudon 1997). Los recientes informaciones acerca de los estrechos vínculos entre altas esferas del Kremlin y magnates empresariales rusos con esquemas de blanqueo de capitales no han hecho sino confirmar una apreciación que es aplicable asimismo a otros países del entorno: la noción del estado criminal "compuesto y caracterizado por las interacciones entre: (i) funcionarios corruptos de todos los niveles de la burocracia gubernamental, desde ministros a recaudadores de impuestos y oficiales menores; (ii) exitosos delincuentes "profesionales" a tiempo completo; y (iii) empresarios para los que la actual legislación rusa - y las normas mercantiles occidentales - son simples obstáculos que deben superarse de un modo u otro" (Webster et al 1997). A la hora de circunvalar estos inconvenientes entra en acción el segundo elemento de esta ecuación, subordinada por tanto a los otros y que constituye las mafias rusas en sentido estricto. Actúa como sustituto del gobierno, en particular como tercer actor que abraza el papel de garante de los contratos entre actores económicos a cambio de un precio: en perspectiva positiva, "puede proporcionar la seguridad contractual que los hombres de negocios necesitan para llegar a acuerdos" (Leitzel 1995). En esta función ejercen su poder coactivo con lujo de violencia. Todo ello sin someterse, por su naturaleza ilegal, a las líneas de responsabilidad a las que deben enfrentarse las agencias de seguridad del estado.

Bajo esta división de poderes no debe sorprender, por lo tanto, que los primeros en arribar a España fuesen estos elementos superiores de la estructura político-económica surgida al calor de procesos de privatización caracterizados por la rapiña de los bienes estatales (Glinkina 1994). Buscaban para su familia y sus fondos un lugar seguro y tranquilo en el que no estuviesen sometidos a la volatilidad del clima político y económico en los países de Europa Oriental. Aparte del buen tiempo, tenían en España una salida, más que para evitar la acción de las agencias de seguridad rusas, de las cuales suelen estar bastante bien protegidos por lazos de corrupción o de dominio, de las constantes refriegas por el poder que tienen lugar por métodos violentos ante la incapacidad del estado como tal para garantizar los derechos de propiedad y los contratos (Shelley 1999; Turbiville 1996; Varese 1994). Por lo tanto, muchos de quienes se asientan en España en un primer periodo son parte de las elites adineradas con intereses asentados bajo una cobertura legal notable y el apoyo más o menos explícito de métodos ilegales como la violencia o la corrupción que observan el Mediterráneo como un lugar para invertir bajo resguardo sus fondos y un refugio seguro para sus personas. Tras la estela de éstos, con prontitud llegaron también los servicios de protección privada, que no sólo se limitaron a otorgar seguridad a cambio de dinero a quienes se la requerían o se lo ordenaban sino que comenzaron a crear sus propias redes de extorsión que con lujo de violencia se encargaron de recaudar impuestos privados entre sus compatriotas. En paralelo expandieron otras actividades criminales como la prostitución tras el éxito comercial que supuso el comercio de mujeres en Centroeuropa y en el límite oriental de la Unión Europa.

Estas tareas, no obstante, han estado relegadas a un papel secundario en términos monetarios, aunque quizás sea el más visible. El grueso de las actividades que estas organizaciones realizan en España se moldea en torno a la última fase del blanqueo de capitales: la inversión de los fondos obtenidos ilícitamente tras el previo oscurecimiento de su origen. En principio su modelo no es diferente del que mueve a otras organizaciones cuyas personas o fondos se originan en países con altos niveles de riesgo e ingobernabilidad, que es poner a buen recaudo sus fondos en lugares que se caractericen por una estabilidad económica y política que no ponga en peligro su disposición (Maingot 1995). Lo que sí es novedad es que cuentan con un conocimiento de la actividad subterránea que no manifiestan otros grupos, en gran medida como consecuencia de la aportación teórica que ha conllevado la importante presencia de miembros antiguos de los omnipresentes servicios secretos entre las nuevas elites políticas y económicas (Waller y Yasmann 1995). En España estos fondos ilícitos, después de traspasar por diversos paraísos fiscales más o menos opacos, como Suiza, Gibraltar o Chipre, se han destinado a inversiones inmobiliarias y turística. No existe un canal constante y preciso a través del cual circulen los capitales de origen ilícito que abandonan Rusia y otros países de Europa Oriental. Fruto de la inexistencia de una organización dominante que marque la pauta pese al extraordinario nivel de sus inversiones, la norma habitual de estas inversiones son su realización a título individual o mediante sociedades mercantiles asentadas en el litoral, sobre todo dedicadas al comercio exterior, la venta de inmuebles, la alimentación o la actividad turística, actividades que sus especiales características las convierten en fáciles medios para el blanqueo de capitales.

Aparte de los anteriores, otros grupos de menor envergadura, ya sean de procedencia extranjera con múltiples contactos en sus lugares de origen o de extracción puramente española, se dedican a otros ámbitos de ilegalidad. Existen diversos grupos de varias nacionalidades dedicados al robo y tráfico de vehículos de lujo y obras de arte, los atracos a bancos y joyerías, el contrabando de alcohol o armas, la falsificación de moneda y de artículos de marca, la extorsión, la trata de blancas, la estafa, el robo en carretera o la pornografía infantil. No obstante, es difícil considerar a estos grupos como crimen organizado si no es a costa de flexibilizar tanto el concepto que pierda cualquier atisbo de significado. Si bien actúan sobre una base de regularidad, carecen del segundo elemento que caracteriza a este tipo de organizaciones: los medios para protegerse eficazmente, ya sea a través de la violencia o de la corrupción.

 

PATRONES DE ACTUACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN ESPAÑA

 

Las estructuras más o menos centralizadas, más o menos flexibles, que muestran las organizaciones criminales en sus lugares de origen, que por lo general suelen funcionar como santuarios de impunidad, son un elemento importante para explicar los modos de operación de estos mismos grupos en España. Pero el aspecto esencial que conforma su imbricación en el entorno local es el tipo de actividades que realizan.

Sus ocupaciones en España determinan, en primer lugar, el emplazamiento territorial específico. Así, por ejemplo, los emisarios colombianos encargados de controlar la distribución de cocaína en Europa se reparten por las grandes ciudades, en las cuales es más sencillo pasar desapercibido entre el creciente número de inmigrantes latinoamericanos y, además, es más rápido el acceso a colaboradores y empleados de segundo orden, ya sea en tareas que requieren de trabajadores cualificados como en otras actividades intensivas en mano de obra. Sin la perentoriedad que requiere esta función operativa, los miembros de los grupos criminales del Este de Europa pueden permitirse una vida más relajada en el arco mediterráneo, en donde gozan, después del preceptivo proceso de blanqueo de capitales, de los beneficios ganados en actividades en sus países de origen.

No son las rusas las únicas organizaciones cuya distribución territorial en España se guía por estos principios de disfrute relajado de beneficios. Parámetros similares siguen, entre otros, los clanes marselleses o los mafiosos italianos, que, además de aprovechar el anonimato propio de las zonas turísticas, han hecho de la costa mediterránea un refugio seguro para los momentos de apuro en sus lugares de origen que suelen brotar periódicamente en todas las organizaciones criminales, ya sea por ofensivas de grupos rivales o por ofensivas específicas de la autoridad estatales. No obstante, no es previsible que en el futuro próximo estas organizaciones se mantengan en las mismas áreas territoriales y de actividad que han venido ocupando hasta ahora. Ha sido una constante histórica observar cómo, a partir de una razón inicial para el establecimiento con pocas conexiones con la actividad operativa propia de cada organización, su campo de acción se ha ido extendiendo progresivamente hacia otros negocios dentro del país de acogida a medida que los grupos criminales han ido percibiendo oportunidades de negocio o lagunas legislativas que pasaban desapercibidas en otros momentos y lugares.

Varias son las razones que hacen de España un lugar atractivo para el paso final del blanqueo de capitales, para concluir un negocio criminal redondo con la oportuna inversión en bienes legítimos, que es la principal actividad de buena parte de los grupos delictivos internacionales que actúan en España (Resa 1999). La estabilidad económica y política es un factor determinante esta llegada de capitales, un entorno tranquilo que a menudo no encuentran las organizaciones criminales en sus lugares de origen. La existencia en la práctica totalidad de la costa mediterránea de un turismo de masas que genera un ambiente multicultural garantiza un anonimato que es especialmente apreciado por quienes desean disfrutar con tranquilidad de sus fondos ilegales y, asimismo, un volumen de divisas que permite pasar desapercibidas grandes cantidades de efectivo en moneda extranjera. La estructura económica de España, por otra parte, facilita involuntariamente este asentamiento al exhibir una sobrerrepresentación de sectores que, como la construcción o la hostelería, por sus especiales características son especialmente sensibles al blanqueo de capitales. La notable participación de actividades sumergidas en la economía española también ha actuado históricamente como catalizador de estas operaciones puesto que, al mantener un mayor porcentaje de las transacciones dinerarias en la ilegalidad, facilita la presencia de capitales que ya no sólo tratan de evitar la tributación sino de legitimar las ganancias ilícitas (Spillane 1998). Por último, un sistema bancario poderoso a nivel interno y bien interconectado en el ámbito internacional, con paraísos fiscales como Gibraltar relativamente cercanos, supone un incentivo involuntario para que estos grupos criminales se introduzcan en España a través de complejos esquemas de blanqueo de capitales. El resultado de estas circunstancias previas es que España encuentre un lugar preeminente entre los países del mundo donde el blanqueo de capitales es más notable (Estados Unidos 1998).

El abanico de actividades propias de cada organización no sólo determina la demarcación territorial sino también los contactos con el contexto circundante. Éstos se mantienen en niveles mínimos entre organizaciones de reducido tamaño, especialmente vulnerables a la irrupción de las fuerzas de seguridad españoles. En la realidad, éstas casi terminan en el estrecho marco que otorgan los vínculos étnicos como medio principal para garantizar una protección eficiente. Sin abandonar este abrigo étnico que se mantiene durante mucho tiempo después de la transnacionalización, el crecimiento de las organizaciones criminales les obliga de manera natural a aumentar sus contactos con el entorno. Paralelamente se accede, a través del potencial económico adquirido, a nuevos medios para garantizar la protección, como es la corrupción o diluyendo la relación entre responsables y fondos. Para los grupos más importantes con presencia en España, que abarcan desde criminales de Europa del Este hasta mafiosos italianos, el grueso de sus contactos personales tienen su origen en la necesidad de profesionales liberales y empresarios que cooperen en la protección de sus fondos frente a una posible intromisión del estado. Es difícil que estos intermediarios españoles lleguen a incorporarse a la organización como tal, aunque su presencia y participación pueda ser de crucial importancia para la supervivencia del grupo.

Si el nivel de contactos está troquelado por la naturaleza de las actividades de cada grupo en España, sus relaciones con otras organizaciones complejas del ámbito legal parece, sin embargo, guardar cierta concordancia con el modo de actuación en sus países de origen. El ejemplo del comportamiento de estos grupos con respecto a las instituciones financieras locales, un eslabón esencial para buena parte de sus operaciones, puede ser ilustrativo a este respecto. Los traficantes de droga colombianos y los mafiosos italianos han sabido utilizar para su mejor provecho la extensa red del sistema bancario español. En los últimos años estos mismos grupos han ampliado su actividad hacia las instituciones financieras no bancarias como consecuencia de la mayor presión ejercida sobre los bancos. El propósito en los dos casos es utilizar las facilidades que concede un sistema financiero en tiempo real a escala mundial para blanquear capitales pero sin perjudicarlo, salvo en los casos en los que un eventual descubrimiento de sus actividades perjudicara la reputación de los bancos implicados. Su interés en mantener una relación no conflictiva con los bancos, aparte de que pondría al descubierto sus operaciones para las agencias de seguridad, procede de la percepción de que su propia supervivencia está fuertemente relacionada con esta parasitación del sistema financiero. Por el contrario, los grupos que proceden de Europa del Este han sido más audaces en su tratamiento con los bancos, lo cual parece ser una consecuencia tangencial de una arrogancia fruto del control directo o indirecto que estas organizaciones ejercen sobre el sistema financiero de sus respectivos países y que han tratado de repetir en otros lugares del mundo como si fuesen a gozar del mismo grado de impunidad (Burlingame 1997).

Fuera de estos contactos de alto nivel, los grupos criminales ejercen relaciones de subordinación con una miríada de individuos dedicados a tareas no cualificadas. En primer lugar, contratan servicios personales a la manera en que lo hace la clase alta, que son prestados por individuos que, por encima de lo que pueda constituir una simple sospecha, desconocen la naturaleza ilegal de los fondos de sus patrones. Pero aquellas organizaciones que realizan otras tareas operativas requieren, por necesidades de negocio, ampliar su círculo de contactos personales. Por una parte, para actividades intensivas en capital, cuales son las de transportistas o almacenistas en España, se traban relaciones más o menos duraderas con individuos que por lo general ya estaban levemente establecidos en el sector en el que prestan sus servicios. Por otra, ciertas formas de blanqueo de capitales, como los conocidos pitufos, o el tráfico de drogas a pequeña escala demandan la presencia de un buen número de colaboradores de menor nivel que trabajan para la organización.

Las pautas de reclutamiento del crimen organizado suelen presentar numerosas afinidades. La pertenencia a estos grupos, no obstante, no suele ser una cuestión formal que sea santificada por un rito de paso, a menudo sangriento. Son imágenes que se quedaron atrapados en la literatura, envileciendo incluso la propia historia. La incorporación de nuevos miembros es el producto de una valoración extensa por parte los dirigentes sobre la base de que existen diversos grados de colaboración y compromiso con la organización. La externalización de algunas de las tareas más complicadas para trasferírselas a grupos independientes facilita una pertenencia a la organización de carácter más laxo. Por lo general este proceso de reclutamiento está guiado por un proceso de selección en el que el factor determinante se asienta sobre dos ejes: la capacidad del individuo para mantener el anonimato de la actividad delictiva y las habilidades del aspirante para expandir el negocio criminal.

En base a la primera característica y dado que los principales grupos de delincuentes, pese a su proceso de transnacionalización, mantienen una identidad nacional, el reclutamiento entre quienes comparten vínculos étnicos actúa a modo de garantía de confianza. Las diásporas nacionales han sido aprovechadas por las organizaciones criminales para desarrollar redes transnacionales propias con las que se mantienen en permanente contacto a través de un sistema avanzado de comunicaciones. Aunque la mayoría de los inmigrantes son respetuosos con la ley de los países de acogida, o precisamente por esto, las precarias condiciones de vida de muchos de ellos proporcionan una base sólida en forma de protección para su expansión a nuevos mercados. Los vínculos étnicos, con sus sistemas de lealtad, solidaridad y sanciones a menudo superpuestos sobre las legislaciones de los países en los que viven, allanan por diversas razones su implantación (Savona 1997).

La explotación intensiva de este nicho social les permite, de manera complementaria, alargar el proceso de incorporación de nuevos miembros a través de organizaciones afines garantizando que se alcanzan los niveles de confianza y acelerar el reclutamiento en momentos críticos sin que la afluencia de nuevos miembros se convierta en un problema de desconexión posteriormente. La distancia cultural e idiomática complican la actividad policial sobre estas comunidades de inmigrantes, lo cual genera a menudo operativos que no discriminan entre miembros de la delincuencia organizada y un entorno social más amplio, que por lo general ser el que más sufre sus consecuencias.étnica. Por lo tanto, ciertas actuaciones de las fuerzas de seguridad del estado contribuyen a generar un recelo sobre la autoridad que en última instancia es aprovechado por los grupos criminales para tejer una eficaz red de protección.

En cuanto a la capacidad para ensanchar las áreas de negocio o mantener las presentes a través del ingreso de nuevos individuos, la alta cualificación de algunos de los componentes necesarios les ha permitido a éstos negociar una posición más interesante e independiente con respecto al grupo criminal. La tendencia general que se ha observado en los últimos años es que estos individuos tienden a no acceder a una estructura formal jerarquizada sino que componen células propias, incluso unipersonales, que funcionan en red. Estas células, cuyo tamaño depende de su actividad, pueden dedicarse a múltiples actividades, pero todas relacionadas con altos grados de especialización: desde el blanqueo de capitales hasta la constitución de ejércitos privados.

Dos factores han sido definitivos a la hora de definir estos nuevos patrones de estructuración interna del grupo criminal. Por una parte, el avance tecnológico en los sistemas de comunicación y transferencia de información han permitido flexibilizar las estructuras de las organizaciones permitiendo una actuación en redes que tiende a maximizar los beneficios y evitar la eventual actuación de las agencias de seguridad. Asimismo, evita la acumulación de papeleo, con lo cual se eliminan muchas de las pruebas incriminatorias que podrían allanar las actuaciones policiales de represión. Por otra, en los últimos años se ha producido la incorporación al mundo de la delincuencia organizada, a menudo como elementos libres que ofrecen sus servicios a cambio de remuneraciones notables a cualquier grupo que lo solicite, de toda una cohorte de individuos procedentes de los antiguos servicios de seguridad de Europa Oriental, con gran experiencia en la ordenación de la actividad subterránea. Su conocimiento de la aplicación de las últimas tecnologías militares y civiles, junto con su capacidad para gestionar eficientemente recursos físicos y humanos, han supuesto a través del asesoramiento un paso esencial para la sofisticación del crimen organizado en general, aparte de generar un nuevo concepto de estructuración interna.

El abandono de este tipo de organizaciones, por el contrario, es bastante sencillo para la mayor parte de los miembros. La naturalidad de este tránsito ocurre siempre y cuando se garantice dos condiciones: la protección necesaria para el grupo con la garantía de que su dinámica no se verá afectada por su abdicación de funciones y el pago, en su caso, por parte del renunciante de una indemnización económica sobre la base de los beneficios individuales obtenidos con anterioridad. El mayor problema, por tanto, no surge de un sistema de sanciones que castigue la deserción sino porque, a partir de un determinado momento, el grupo de afinidades más cercano de los miembros suelen coincidir con la camarilla criminal. Esta orientación es el efecto conjunto que imponen, de una parte, unas necesidades de seguridad de la organización que tienden a reducir los contactos con el mundo exterior y, de otra, la propia dinámica económica interna del grupo que relaciona directamente la disponibilidad de los individuos con los beneficios personales. Esta comunión de intereses desincentiva, en consecuencia, el abandono del crimen organizado, no porque se trate de una elección basada en los costes de oportunidad de renunciar, ya sea por el dinero que se va a dejar de percibir sino porque, dado que la vida informal y profesional se desenvuelve en las mismas arenas sociales, salir del grupo implica una transformación radical del modo de vida.

El asequible tránsito entre crimen organizado y sociedad civil es una muestra más de lo laxo del sistema normativo que rige en el interior de los grupos delictivos. No existe en la mayor parte de los casos un código de sanciones que regule todos y cada uno de los aspectos de la vida de sus individuos sino algunas recomendaciones generales con respecto a la protección de la organización que pueden llegar a la separación del grupo del mismo modo que ocurre en otro tipo de agrupaciones colectivas del ámbito legal o informal. A partir de esta carencia de resolución normativa, los ajustes de cuentas dentro de un grupo criminal son un asunto poco frecuente. El mayor grado de violencia suele ejecutarse al objeto del cumplimiento de obligaciones comprometidos en circunstancias en las que, por la naturaleza ilegal de su actividad, el estado no puede actuar como tercer actor en las transacciones económicas. Dadas estas necesidades concretas, se han producido diversos pasos hacia la constitución de grupos especializados encargados de prestar servicios de seguridad privada, ya sea ofensiva o defensiva en España. Estas organizaciones proceden tanto de Europa del Este como de Asia o América Latina y diversifican su actuación al actuar también para diversos actores de la legalidad en situaciones extremas. No obstante, como podía ser previsible, estas bandas que en principio realizan actividades para otras organizaciones comienzan a utilizar su poder de intimidación para extorsionar a otros grupos o negocios especialmente susceptibles, como son los inmigrantes o los locales de ocio. Este trayecto es hasta cierto punto similar al que siguió la mafia en Sicilia a partir de un grupo de protección privada dado el vacío de autoridad estatal hasta una industria de la extorsión muy estructurada (Catanzaro 1992; Gambetta 1993).

 

CONCLUSIONES

 

Los grupos criminales transitan desde sus origenes hasta alcanzar su mayor potencial de desestabilización para un estado por tres etapas (Lupsa 1996:30-3). En su fase inicial o predatoria, los grupos tienen como único objetivo la supervivencia, la utilización de la violencia es frecuente y el factor de primera instancia para lograr la consolidación son las lealtades étnicas o locales. En una segunda etapa estas organizaciones tratan de consolidar su posición a través de relaciones corruptivas, parasitarias, con diversos sectores de la elite política y económica local o nacional. Progresivamente el crimen organizado amasa recursos y amplía sus redes en la economía y la sociedad hasta extender su influencia sobre regiones o países enteros. En la cúspide del poder criminal quedaría la etapa simbiótica en la que es ilusorio discernir las disimilitudes entre estado y crimen organizado. Este estadio correspondería aproximadamenta a la situación actual, por ejemplo, de Rusia o México (Voronin 1996; Resa 1998). En estos casos el trastorno que provoca la confluencia de intereses con el crimen organizado confiere al estado el carácter de predatorio o cleptocrático (Marcouviller y Young 1995).

El crimen organizado transnacional, que no es un grupo monolítico sino la agrupación conceptual de grupos diversos que actúan de manera independiente, se ha venido estableciendo en España durante las últimas décadas a pasos cada vez más acelerados. Es evidente que España se encuentra muy lejos de esta tercera fase simbótica, pero en la actualidad es posible percibir algunos signos que sugieren el ascenso de un tipo de crimen organizado predatorio hacia otro propio del modelo parasitario.

Para que este salto se produzca, la literatura dice que debe existir una ventana de oportunidad que estimule la transición. En otros momentos de la historia esta canalización ha tenido un origen diáfano: la prohibición del alcohol para consolidar a la mafia italo-americana o la expansión del consumo de cocaína en los Estados Unidos para los grupos colombianos. En el caso de España este nuevo marco de oportunidades no sería unívoco sino que habría sido la consecuencia de una combinación de circunstancias a nivel mundial: el florecimiento de las actividades de los grupos criminales más sofisticados de la Unión Soviética, la sofisticación a escala mundial de las actividades de blanqueo de capitales y la libre circulación de personas y capitales en la Unión Europea, entre otros. Paralelamente, España habría superpuesto algunas características políticas, sociales y económicas que la hacen especialmente atractiva para el establecimiento de grupos criminales: una estabilidad que anhelan bastantes de los grupos criminales, un sistema económico y financiero abierto, un turismo de masas que garantiza el anonimato, un clima policial que hasta hace unas décadas fue complaciente con estas organizaciones y una estructura económica que puede facilitar el blanqueo de capitales.

La incubación de estos vínculos ha sido históricamente un proceso largo, salvo en el caso reciente de Rusia, y sus efectos nocivos sólo se aprecian tras un periodo de tiempo relativamente largo. En el corto plazo, de hecho, el crimen organizado puede aportar algunos frutos benéficos. Las notables aportaciones al crecimiento económico o a las obras sociales de grupos criminales en ciertas áreas de España han dejado paso con el tiempo a los primeros indicios de su complicidad con actores políticos y empresariales. Estas relaciones pueden tener efectos muy perjudiciales. La penetración del crimen organizado en el sistema legal y en los sectores legítimos de la economía ha mostrado en diversos países su capacidad para dañar irreversiblemente la legitimidad de los gobiernos, la confianza en los cuerpos legislativos y en la justicia, el autónomo desarrollo de la sociedad civil y el funcionamiento del mercado (Resa y Reinares 1999:11-28).

Las políticas de harm reduction que propugnan algunos autores para las drogas como alternativa al prohibicionismo en el caso de las drogas ilícitas (Nadelmann 1998) y que se traslucen en una cierta permisividad a nivel internacional a la instalación primigenea de grupos criminales dada su aportación postiva a la economía y su nula influencia desestabilizadora no funcionan en el caso del crimen organizado. Una vez que el crimen organizado logra establecer una relación duradera con el estado para conservar privilegios y mantener intactas las características del régimen de ilegalidad, es difícil disociar a ambos, dado que implicaría sustanciosos costes humanos y económicos, así como la aplicación de medidas represivas que sacrifiquen una buena parte del bienestar y de las libertades de los ciudadanos. La impunidad criminal provocada por la delincuencia organizada transnacional puede ocasionar la generalización del miedo, la intimidación, la opresión y la violencia. En definitiva, el crimen organizado es capaz de romper los vínculos comunitarios y los marcos normativos sobre los que se asientan los sistemas político y económico.

La progresiva influencia del crimen organizado sobre cada vez mayor número de países y ámbitos, no obstante, tendrá poco que ver con la presentación más habitual en los medios de comunicación: ni es un fenómeno ni exclusivo de los países en vías de desarrollo, como a menudo trata de inferirse en una maniobra que indirectamente sirve para criminalizar a los inmigrantes en los países ricos, ni tan subrepticio y lejano como podría suponerse. En Italia, a mediados de los ochenta, se calcula que la mafia controlaba aproximadamente el doce por ciento de la economía nacional y es considerada responsable al menos en parte de la caída de la Primera República surgida tras la Segunda Guerra Mundial debido al clima de corrupción generalizada que atenazaba al país (Stille 1995). De un modo similar, la exposición pública de los estrechos lazos existentes entre el Partido Liberal Demócrata en Japón y las bandas criminales, la Yakuza, acabaron con un gobierno ininterrumpido de más de cuarenta y cinco años y desacreditaron ante una buena parte de la población la propia democracia (Delfs 1992; Kaplan 1998). Asimismo, la extorsión y la intimidación que practicó la Yakuza durante la expansión económica de Japón en los años ochenta, para obtener créditos de las corporaciones bancarias, que hoy suponen una parte sustantiva de la cartera vencida, ha concluido en una crisis profunda del sistema financiero y en una inestabilidad económica generalizada en la región. Y este potencial desestabilizador del crimen organizado transnacional es creciente. "El crimen organizado será una cuestión definitoria del siglo XXI para los políticos del mismo modo que la Guerra Fría lo fue en el XX y el colonialismo en el XIX" (Shelley 1997:19).

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Arlacchi, P. 1986. Mafia business. Mafia ethic and the spirit of capitalism. Londres: Verso.

Baldwin, D.A. 1996. Security studies and the end of the Cold War. World Politics, 48: 117-41.

Burlingame, T.M. 1997. Criminal activity in the Russian banking system. Transnational Organized Crime, 3: 46-72.

Calavita, K., y Pontell, H.N. 1993. Savings and loan fraud as organized crime: toward a conceptual typology of corporate illegality. Criminology, 31: 519-48.

Castillo, F. 1996. Los nuevos jinetes de la cocaína. Bogotá: La Oveja Negra.

Catanzaro, R. 1992. Men of respect: a social history of the Sicilian Mafia. Nueva York: Free Press.

Conde, P. 1991. La Conexión Gallega. Del tabaco a la cocaína. Ediciones B: Barcelona.

Coulloudon, V. 1997. The criminalization of Russia's political elite. East European Constitutional Review, 6.

Coppola, F.F., dir. 1972. The godfather. Hollywood: Paramount.

Cressey, D.R. 1967. The functions and structure of criminal syndicates. En President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task force report: organized crime. Washington: Government Printing Office.

Cressey, D.R. 1969. Theft of the nation: the structure and operations of organized crime in America. Nueva York: Harper and Row.

Delfs, R. 1992. Japan: Smoking gun. New evidence links Takeshita with Yakuza gangsters. Far Eastern Economic Review, 3 de diciembre.

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction). 1998. Annual report on the state of the drug problem in the European Union. Luxemburgo: Office for Official Publications of the European Communities.

Estados Unidos. 1996. Enlargement and engagement: national security strategy of the United States. Washington: Government Printing Office.

Estados Unidos. 1998. International narcotics control report. Washington: Government Printing Office.

Falcone, G., con Padovani, M. 1992. Men of honour: the truth about the mafia. Londres: Fourth Estate.

Galliher, J.F., y Cain, J.A. 1974. Citation support for the mafia myth in criminology textbooks. The American Sociologist, 9: 68-74.

Gambetta, D. 1993. The Sicilian mafia: the business of private protection. Cambridge: Harvard University Press.

Glinkina, S.P. 1994. Privatizatsiya and Kriminalizatsiya: how organized crime is hijacking privatization. Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization, 2: 385-91.

Green, T. 1969. The smugglers. Nueva York: Walker.

Gregory, F. 1995. Transnational crime and law enforcement cooperation: problems and processes between East and West in Europe. Transnational Organized Crime, 1: 105-133.

Hobbs, D. 1998. Going down the global: the local context of organised crime. The Howard Journal of Criminal Justice, 37: 407-22.

Jamieson, A. 1995. The transnational dimension of Italian organized crime. Transnational Organized Crime, 1: 151-72.

Kaplan, D.E., con Butler, S. 1998. Yakuza Inc. American investors are spending billions of dollars to snap up portfolios of bad loans from Japanese banks, U.S. News, 13 de abril.

Kaplan, D.E., y Dubro, A. 1986. Yakuza. Nueva York: Macmillan.

Kopp, P. 1998. Economía de las drogas y eficacia de la represión. En X. Arana e I. Markez, coord. Los agentes sociales ante las drogas. Madrid: Dykinson.

Lee III, R.W. 1991. Colombia's cocaine syndicates. Crime, Law and Social Change, 16: 3-39.

Leitzel, J. Russian economic reform. Londres: Routledge.

Levi, M. 1987. Crisis? What crisis? Reactions to commercial fraud in the United Kingdom. Contemporary Crises, 11: 207-21.

Lewis, R. 1989. European markets in cocaine. Contemporary Crises, 13: 35-52.

Lupsha, P. 1996. Transnational organized crime versus the nation-state. Transnational Organized Crime. 1: 21-48.

Maingot, A.P. 1995. Offshore secrecy centers and the necessary role of state: bucking the trend. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 37: 1-24.

Marcouviller, D., y Young, L. The black hole of graft: the predatory state and the informal economy. The American Economic Review, 85: 630-46.

Martens, F.T., y Niederer, M.C. 1985. Media magic, mafia mania. Federal Probation, 49: 60-8.

Morrison, S. 1997. The dynamics of illicit drug production: future sources and threats. Crime, Law and Social Change, 27: 121-38.

Myers III, W.H. 1995. Orb weavers - The global webs: the structure and activities of transnational ethnic Chinese criminal groups. Transnational Organized Crime. 1: 1-36.

Naciones Unidas. 1994. Problemas y peligros que plantea la delincuencia transnacional organizada en las distintas regiones del mundo. Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Transnacional Organizada, Nápoles, 21 a 23 de noviembre de 1994, E/CONF.88/2.

Nadelmann, E.A. 1998. Commonsense drug policy. Foreign Affairs, Enero/Febrero: 111-26.

Naylor, R.T. 1995. From Cold War to Crime War: the search for a new 'national security threat'. Transnational Organized Crime, 1: 37-56.

OGD (Observatoire Géopolitique des Drogues). 1993. Drug swap. The Geopolitical Drug Dispatch, 21.

OGD (Observatoire Géopolitique des Drogues). 1994. Rapport dénquête sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la production et du trafic des drogues au Maroc. París: OGD.

Puzo, M. 1969. The Godfather. Nueva York: Putnam.

Resa, C. 1997. Empleo y delincuencia: la historia de una relación contradictoria y el caso del crimen organizado. Sistema, 140-41: 265-84.

Resa, C. 1998. Delincuencia organizada y sistema político en México: el caso de las organizaciones traficantes de drogas ilícitas, mimeo.

Resa, C. 1999. Transnational organised crime: structural explanations about its penetration and public policies in Spain. En E. Viano, ed. Global organized crime and international security, Londres: Ashgate.

Resa, C., y Reinares, F. 1999. Autoridad estatal, gobernabilidad democrática y delincuencia organizada transnacional. Trabajo presentado en la IV Congreso Anual de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, Granada, España, 30 de septiembre al 2 de octubre.

Reuter, P. 1996. The mismeasurement of illegal drug markets. En S. Pozo, ed, Exploring the Underground Economy: Studies of Illegal and Unreported Activity. Kalamazoo: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.

Roberts, K.D. 1997. China's 'tidal wave' of migrant labor: what can we learnt from Mexican undocumented migration to the United States. International Migration Review, 31: 249-93.

Roth, J., y Frey, M. 1994. Europa en las garras de la mafia. Un holding criminal al que pertenecemos sin saberlo. Madrid: Anaya & Mario Muchnik.

Saggs, H.W.F. 1962. The greatness that was Babylon. Nueva York: Hawthorn.

Sarmiento, L.F., y Krauthausen, C. 1991. Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Savona, E.U., con A. di Nicola y G. da Col. 1997. Dynamics of migration and crime in Europe: new patterns of an old nexus. Working Paper n. 8, Transcrime, Universidad de Trento, Italia.

Schilling, M. 1996. Yakuza films: fading celluloid heroes. Japan Quarterly, 29: 30-42.

Shelley, L.I. 1994. Mafia and the Italian state: the historical roots of the current crisis. Sociological Forum, 9: 661-72.

Shelley, L.I. 1997. Eradication crime groups. Foreign Service Journal, Septiembre: 18-22.

Shelley, L.I. 1999. The political-criminal nexus: Russian-Ukranian case studies. Trends in Organized Crime, 13: 81-107.

Smith Jr., D.C. 1976. Mafia: the prototypical alien conspiracy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 423: 75-88.

Spencer, S. 1995. Security implications of global migration. En W. Burros, ed. Global security beyond 2000. Pittsburg: University of Pittsburg Press.

Spillane, J. 1998. The making of an underground market: drug selling in Chicago, 1900-1940. Journal of Social History, 32: 27-47.

Stille, A. 1995. Excellent cadavers: the Mafia and the death of the First Italian Republic. Nueva York: Pantheon.

Suárez, F. 1997. La Operación Nécora +. Colombia-Sicilia-Galicia: triángulo mortal. Felipe Teijiero Suárez:.

Tanton, J. y Lutton, W. 1993. Immigration and criminality in the U.S.A. The Journal of Social, Political and Economic Studies, 18: 217-34.

Turbiville Jr., G.H. 1995. Organized crime and the Russian armed forces. Transnational Organized Crime, 1: 57-104.

Varese, F. 1994. Is Sicily the future of Russia? Private protection and the rise of the Russian mafia. Archives Européenes de Sociologie, 35: 224-58.

Voronin, Y.A. 1996. The emerging criminal state: economic and political aspects of organized crime in Russia. Transnational Organized Crime, 2: 53-87.

Waller, J.M., y V.J. Yasmann. 1995. Russia's great criminal revolution: the role of security services. Journal of Contemporary Criminal Justice, 11.

Webster II, W.H. et al. 1997. Russian organized crime. Washington: Center for Strategic and International Studies.

Weiner, W. 1995. The global migration crisis: challenges to states and human rights. Nueva York: HarperCollings College.

Williams, P. 1995. Transnational criminal organizations: strategic alliances. The Washington Quarterly, 18: 57-72.


Última actualización 27 de febrero de 2001