La gestión de los recursos humanos en las Administraciones Locales no siempre ha recibido una atención adecuada. Sin embargo, su relevancia ha crecido significativamente en los últimos tiempos como consecuencia de la asunción de competencias por parte de los entes locales, así como por la aprobación de numerosas medidas orientadas a controlar, restringir o modular la incorporación de nuevo personal al servicio público, todo ello subordinado al contexto presupuestario local y nacional.
En los últimos años la Administración pública, en general, pero de forma muy particular la Administración local, ha sido sometida a un férreo control de la contratación de nuevo personal. Ello se ha llevado a cabo endureciendo un instrumento que fue incorporado, aunque de forma tímida, en el año 1993. Ante la grave crisis internacional de los años noventa, el legislador español optó por suspender la obligación de que las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente en la Administración debieran ser incluidas obligatoriamente en la oferta pública de empleo del año siguiente. Es a partir del año 2011 cuando de forma muy notaria se incorporan nuevas restricciones severas a la contratación. Así, por primera vez se somete a tasa de reposición todos los servicios públicos, incluso aquellos catalogados como servicios prioritarios. Dentro de estos servicios sometidos a restricciones también, se incluía de forma novedosa la contratación de personal en las Corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes. Hasta esa fecha, los entes de menos de 50.000 habitantes habían sido reiteradamente excluidos de las limitaciones a la contratación de personal.
Tras las numerosas e importantes restricciones a la contratación fijadas por el legislador desde el año 2011, parece advertirse un cambio de tendencia. Así, tras años de una dura política de contención presupuestaria, que ha comportado una congelación de las ofertas de empleo público y un correlativo envejecimiento de las plantillas del sector público, así como altas tasas de temporalidad y efectos muy perjudiciales sobre la no incorporación de talento joven a las plantillas públicas, la Ley de Presupuestos de 2017 abrió un proceso de “deshielo” en la congelación de las ofertas de empleo público en todas las administraciones públicas y entidades de su sector público institucional. En este sentido, el Gobierno ha anunciado de forma reiterada que los próximos Presupuestos Generales del Estado eliminarán la tasa de reposición.
