La regulación de la ordenación urbanística y del territorio tiene un largo recorrido en España iniciado con la Ley del Suelo de 1956 llevando a un desarrollo urbanístico espectacular que transformó nuestro territorio, con un incremento de la superficie ocupada sin parangón en Europa, y que condujo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Dicho modelo de crecimiento ha sido abandonado por el actual Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana enmarcada en el concepto de desarrollo sostenible y su plasmación en la Agenda 2030 y su ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), así como en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. El modelo a conseguir hoy son las ciudades compactas, sostenibles y resilientes, a la vez que se preservan los recursos naturales. Y donde el elemento central no es ya la expansión de la ciudad, sino la actuación sobre la ciudad existente, regenerándola para adecuarla a las nuevas necesidades y usos colectivos, o mejorando y subsanando los déficits de dotaciones públicas existentes.
El urbanismo en cuanto competencia pública constituye uno de los ámbitos propios de la actuación de las entidades locales y de las Comunidades Autónomas, que han asumido esa competencia como propia en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Por ello, los operadores jurídicos (empleados públicos y profesionales libres) no demandan ya estudios globales sobre el Derecho Urbanístico, sino estudios sobre el Derecho Urbanístico aplicable en el ámbito de cada concreta Comunidad Autónoma. El Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, articulado a partir de los elementos principales y mínimos fijados por la legislación estatal, presenta unas características propias que justifican su estudio individualizado.
En este contexto, la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid responde todavía a ese modelo previo, preocupado fundamentalmente por la regulación de la expansión urbana, si bien se han adoptado diversas modificaciones puntuales. En las dos últimas legislaturas, se han discutido dos proyectos de nueva Ley de urbanismo, que no han llegado a cristalizar. En esta tesitura, este Master pretende convertirse en un referente que forme a los empleados públicos y pueda servir de guía para un nuevo modelo urbanístico madrileño, basado en el desarrollo sostenible y la intervención sobre la ciudad existente.
