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Llamada urgente de las universidades públicas a la sociedad madrileña
Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se enfrentan a uno de los horizontes presupuestarios más adversos de su historia: un escenario que apremia a sus autoridades, al profesorado, al personal técnico, de gestión y de administración, a sus estudiantes y a la sociedad a unirse para defender una enseñanza pública de calidad, accesible para el conjunto de la población.
Las cifras son elocuentes. El Gobierno de la Comunidad presentó el 31 de octubre un proyecto de presupuestos generales para 2025 que aumentaba un 0,9% la partida para las universidades, la mitad del IPC interanual en el mismo mes y menos de la quinta parte del aumento de la misma partida en los presupuestos anteriores (5,84%). Los seis centros públicos reclamaban un aumento mínimo del 18% de su asignación, tras quince años de rebaja gradual de su financiación básica. Desde el año 2008, el gasto por estudiante universitario en la Comunidad Autónoma de Madrid ha descendido en un 15,4 % y el presupuesto dedicado a las universidades públicas ha caído aproximadamente un 10 %, descensos ya abultados que se multiplican si tenemos en cuenta la subida de precios de un 30,9% en el mismo periodo.
La rebaja acumulada en los últimos años coloca a las seis universidades públicas de Madrid, donde se concentran entre el 20 y el 25% de los estudiantes españoles de grado y posgrado, un 21% por debajo de la media de financiación pública del país y con tasas de matrícula entre las dos más altas del Estado. Nuestra Comunidad es la única que se niega a adherirse al Plan de Incorporación de Talento Docente e Investigador ‘María Goyri’, que supondría la incorporación de alrededor de 1.100 profesores a las universidades madrileñas en los próximos 4 años, cofinanciados al 60% por el Estado central. No deja de llamar la atención que esta desinversión se produzca en una región que supera en más de un tercio la renta per cápita nacional y donde la dependencia universitaria de las transferencias estatales es la más baja de España.
Esta reducción sin precedentes de la financiación universitaria puede convertirse en permanente con la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades que está preparando el Gobierno de la Comunidad. El anteproyecto de Ley establece la obligación de que las universidades públicas costeen al menos un 30% de sus gastos y subordina las transferencias a «la calidad y eficiencia» de su trabajo y a la disponibilidad presupuestaria. Las universidades públicas madrileñas asumimos sin discusión y colaboramos activamente en la evaluación permanente que de nuestras actividades realizan agencias estatales, autonómicas e internas. Por eso mismo, nos resulta difícil entender que esa exigencia creciente se traduzca en una disminución constante de nuestros recursos.
El recorte drástico y prolongado en gasto corriente e inversión pone en peligro la investigación, la docencia y la idoneidad de las instalaciones de los seis centros públicos de la Comunidad, y con ella su elevada posición en las clasificaciones nacionales e internacionales y los valiosos servicios que prestan a la sociedad en todos los ámbitos. Nuestras universidades no pueden desarrollar las importantes tareas que tienen encomendadas si no cuentan con recursos equivalentes a los que manejan sus homólogas en otras regiones españolas y europeas. El derecho constitucional a la educación y la igualdad de oportunidades y la preservación de nuestra región como uno de los centros culturales y científicos de Europa solo serán posibles si cuentan con la dotación adecuada.
Por la calidad acreditada de sus profesionales y métodos, la larga tradición que las inspira y su condición de principal sistema universitario de España, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid deberían ser las mejor preparadas para garantizar la competencia de los futuros profesionales y seguir ofreciendo el conocimiento científico y los recursos culturales indispensables en una sociedad avanzada. Defenderlas del abandono que vienen sufriendo desde hace casi dos décadas es un interés vital de la sociedad. Por ello, llamamos a la ciudadanía a que apoye el objetivo de una dotación y una planificación presupuestaria plurianual, pactada entre todas las partes, que ponga fin a la erosión del sistema universitario público y garantice la docencia superior, la investigación básica y aplicada y las transferencias sociales que necesitan nuestra región y nuestro país.
De conformidad con todo lo anterior, animamos a la comunidad universitaria a sumarse a la manifestación en defensa de la universidad pública que tendrá lugar mañana, 5.XII.24, a las 12 de la mañana en la Avenida Pablo Neruda, 142, frente a la Asamblea de Madrid, sin que ello incida en el cumplimiento de las obligaciones académicas.
LOS REPRESENTANTES DE PDI DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UAM
La Junta de Facultad de Ciencias en su reunión del día 4.XII.24 se une a este llamamiento.