Violencia doméstica y funcionamiento judicial

El año 2005 vio un cambio en el sistema judicial español: la creación de una serie de juzgados especializados en violencia de género. El cambio se enmarcaba en una estrategia más amplia para luchar contra la violencia de género. Pasados 15 años de que comenzara la implementación de esta medida, un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), formado por Marta Martínez y Jorge García, ha iniciado un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces para evaluar el impacto de la creación de estos juzgados.

La evaluación de las políticas públicas es una cuestión fundamental en la economía. Al igual que los tratamientos médicos, las políticas implementadas por un Estado tienen que mostrar unos beneficios que justifiquen sus costes. Medir los costes de una política pública puede ser más sencillo que medir los costes y efectos secundarios de la administración de un medicamento, pero medir su capacidad de alcanzar sus metas puede resultar más complicado.

Evaluar la eficacia de las políticas públicas resulta importante para evitar el despilfarro de recursos en medidas que no lo son, recursos que podrían ser destinados a políticas más eficaces que sí sean capaces de cumplir con esos mismos objetivos. Es importante que las instituciones responsables de las inversiones públicas sepan si las medidas son eficaces, cosa que no es sencillo de observar a primera vista, en general requiere un análisis riguroso. Conseguir sacar el máximo partido a medidas destinadas a mejorar la calidad de vida es una tarea por tanto central, hasta el punto de que valió el Premio Nobel de Economía de 2019.

Experimentos naturales

Ante la imposibilidad de realizar ensayos clínicos controlados y aleatorizados, la economía debe valerse habitualmente de otros medios. Es aquí donde entran en juego los experimentos naturales. Casos en los que una política pública afecta tan solo a un grupo de personas, dejando a otros fuera, conformando un grupo experimental y de control respectivamente.

Estas situaciones no se dan con excesiva frecuencia puesto que muchas políticas públicas se implementan a la vez para toda la población, o se implementan con alguna forma de autoselección, casos en los que la implementación o no de la medida se realiza en base a alguna variable muy relacionada con el resultado.

Idealmente, los participantes en cualquier estudio se repartirían de manera aleatoria entre grupo experimental y de control, pero esto resulta excepcional. Por tanto, la herramienta a la que se puede recurrir es a la comparativa de casos semejantes cuya principal diferencia sería la implementación o no de la política a analizar.

Una red de juzgados

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género implicó, entre otras medidas, que a partir del año 2005 comenzaría a formarse por el territorio español una red de juzgados especializados en violencia contra la mujer.

El objetivo de esta red de juzgados era facilitar el proceso judicial para la víctima. Según explican los investigadores del proyecto, tan solo el 26% de los casos que podrían llegar a un juzgado lo hacen. La duración del proceso y otros muchos factores desincentivan la denuncia de casos de maltrato. El objetivo de este tipo de juzgados es facilitar el proceso a la víctima para así facilitar la labor de protección, y en última instancia, evitar los casos más graves, los que resultan en una amenaza para la vida de la víctima.

Entre 2003 y 2020, casi 60 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en casos catalogados como violencia de género por el Ministerio del Interior, un total de 1.078. Desde que se puso en marcha el teléfono 016 de atención a las víctimas en 2007, este ha recibido una media de casi 6.000 llamadas mensuales.

Estudiando los efectos

La forma gradual de introducir los juzgados de violencia contra la mujer ha permitido al equipo de la UAM aplicar métodos econométricos, en este caso un modelo de diferencias en diferencias, al estudio de los efectos de esta política pública. De esta manera es posible realizar cálculos más fiables sobre el impacto real de la medida, controlando distintas variables que podrían de otra manera sesgar los resultados.

Para estimar los efectos de la introducción de este tipo de juzgados especializados, el equipo realiza cálculos en base a dos variables clave. Por una parte, analizan las denuncias interpuestas por víctimas en lo que catalogan como casos leves. Estos datos se complementan con datos sobre los casos más graves, que incluyen los que resultan en un asesinato.

Los datos empleados por el equipo incluyen información sobre 76 partidos judiciales (de los cuales se tuvieron que excluir algunos por motivos estadísticos, dejando una muestra de 60) a lo largo del periodo comprendido entre 2005 y 2018. La información fue obtenida de los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

La metodología empleada por el equipo de la UAM consistió en tomar partidos judiciales semejantes entre sí en términos estadísticos y emplear las distintas observaciones de estos en función de su implementación o no de la política en cuestión. En otras palabras, se utilizaron los partidos judiciales donde se había abierto un juzgado especializado como grupo de tratamiento y aquellos partidos judiciales en los que no como grupo de control.

Las observaciones previas a la apertura del juzgado son las que permiten establecer comparativas entre las distintas unidades administrativas de la lista.

Los resultados obtenidos son por ahora preliminares.  El equipo sigue trabajando, entre otras cosas, porque faltan aún análisis de robustez que confirmen los datos. Sin embargo, estos resultados preliminares indicarían la existencia de un incremento en el número de casos de violencia de género que llegan ante los tribunales.

De confirmarse este resultado, sería indicativo de que estos juzgados especializados sí facilitan el proceso de denuncia en los casos en los que existen malos tratos. Por otra parte, la introducción de estos juzgados no parece repercutir sobre la proporción de fallos condenatorios entre los que llegan a tribunales. El estudio, sin embargo, no ha confirmado el efecto de esta política sobre los casos más graves de violencia de género, los cuales incluirían los asesinatos.

Otros contextos

El estudio de Martínez y García tiene aspectos únicos, pero cuenta con algunos antecedentes. Un ejemplo que señalan los autores son los juzgados especializados en violencia doméstica de EE UU. Estos juzgados operan de distinta manera, repartiéndose los casos de violencia doméstica con los juzgados ordinarios, a diferencia del caso español donde todos los casos de violencia de género se dirigen los tribunales especializados (cuando estos existen en el área).

Un informe de 2009 elaborado para el Instituto Nacional de Justicia estadounidense observó que la principal función que se atribuía a los tribunales especializados en los EE UU era mejorar la seguridad de las víctimas, siendo garantizar la asunción de responsabilidad por parte del criminal la segunda función de gran importancia. Según el mismo estudio, la disuasión y la reinserción serían vistas como objetivos secundarios, pero también de gran importancia junto a la mejora en la administración judicial que supondrían estos juzgados.

Otro ejemplo de políticas públicas destinadas a facilitar los trámites de procesos de denuncia para las mujeres víctimas de violencia es el de la creación de comisarías de mujeres en distintos países, incluyendo Argentina, Ghana, India o Kosovo.

En un artículo en la revista Police Practice and Research, dos investigadoras de la Universidad de la Ciudad de Nueva York analizan distintos casos. Señalan que estas políticas pueden facilitar el acceso a la justicia para las víctimas, además de empoderarlas. En determinados casos también señalan una reducción en los crímenes cometidos contra las mujeres. Con respecto a las comisarías en la India, por ejemplo, las autoras narran cómo estas funcionan implementando mecanismos de resolución de disputas familiares además de contar con protocolos para casos situaciones graves. A esto habría que añadir que un posible efecto colateral de estas políticas sería el de un descenso de los niveles de corrupción.

La protección integral

La puesta en marcha de los juzgados de violencia contra la mujer es tan solo una de las varias medidas previstas en la Ley Orgánica contra la violencia de género de 2004. La ley cuenta con cinco títulos, los cuales recogen cuestiones como medidas de sensibilización y educación a implementar y derechos de las mujeres víctimas de estas formas de violencia. El tercero de estos títulos tiene como objeto la tutela institucional y el cuarto modifica la legislación penal. La creación de los juzgados contra la violencia de género viene recogida en el quinto título, dedicado a la tutela judicial. 

El estudio de Martínez y García arrojará respuestas sobre la capacidad de los juzgados especializados en violencia de género en España suponen a la hora de solventar este problema. Permitirá así una evaluación rigurosa no solo de esta política, sino que también propondrá una metodología para le evaluación de políticas semejantes.

A través de esta evaluación será posible conocer mejor cuáles son las acciones a priorizar a la hora de luchar contra un problema serio, que como la propia ley expone “no es un problema que afecte al ámbito privado”, sino que afecta al conjunto de la sociedad.

Los resultados son por ahora preliminares y señalan por ahora un éxito parcial de la introducción de estos juzgados especializados. Esto implica que aún resta mucho trabajo por hacer, no solo en el ámbito de este proyecto, sino también en el diseño y evaluación de políticas que consigan introducir mejoras en nuestras sociedades y mejorar así nuestra calidad de vida.

___________________

Pablo Martinez-Juarez es doctor en Economía por la Universidad del País Vasco y alumno del Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, Tecnología, Medioambiente y Salud en la Universidad Carlos III de Madrid cuyas prácticas realiza en la UCCUAM. Como investigador ha trabajado en las Universidades de Alcalá y Exeter.