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La UAM abre un proceso participativo de consultas sobre la nueva Ley de Universidades

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La UAM abre un proceso participativo de consultas sobre la nueva Ley de Universidades

El Equipo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid ha invitado a toda su comunidad a que exponga sus ideas sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, con el fin de trasladarlas al Ministerio que dirige Manuel Castells.

Imagen de una de las praderas del campus de Cantoblanco

Campus de la UAM

La iniciativa puesta en marcha por el equipo de Amaya Mendikoetxea anima a todos los colectivos que integran la Universidad Autónoma de Madrid (estudiantes, personal docente e investigador y equipos de administración y servicios) a que participen en el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Universidades, utilizando para ello los canales puestos a su disposición por la propia UAM. La participación ha sido articulada a través de dos vías:

  1. Mediante los órganos de representación de la universidad (Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno) y los colectivos representados en este Consejo.
  2. Participando en una consulta online abierta a cualquier integrante de la Comunidad UAM que desee trasladar su opinión sobre algún aspecto concreto del anteproyecto.

Este proceso de participación abierta ha sido impulsado por el Vicerrector de Planificación y Estrategia Digital, Jesús Bescós Cano, quien ha dirigido un mensaje a todos los miembros de la comunidad UAM invitándoles a participar y recordándoles que el periodo de audiencia pública abierto por el Ministerio durará hasta el 24 de septiembre. Toda la información relativa a dicho proceso está disponible en este enlace.

La nueva Ley de Universidades pretende dar respuesta a algunos de los retos más relevantes que afronta el sistema universitario español, especialmente tras los recortes en la financiación pública implementados desde la crisis de 2008. Entre los efectos derivados de dicha crisis, la ley destaca tres especialmente relevantes: la reducción de la inversión en educación universitaria, el envejecimiento de las plantillas y la precariedad laboral del profesorado.

Para tener información más completa sobre la norma, consulta esta página.